No hay día en el que, desde la tertulianocracia,
no se critique el supuesto excesivo gasto público del Estado español y
la elefantiasis del empleo público. El dogma de fe inoculado en buena
parte del imaginario colectivo viene a decir, básicamente, que, con
tanto gasto público y con tanto empleo público, estaba cantada la crisis
y está hipotecado el futuro.
Sin embargo, hasta el presidente Mariano Rajoy, un auténtico terminator de lo público, ha llegado a reconocer lo obvio: “quiero acabar con un mito sobre el verdadero tamaño de la administración”, afirmó en junio del pasado año. “Con datos de 2012”, prosiguió, “España se sitúa entre los países con menor gasto público de la Unión Europea”. De hecho, el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas señala que, tras Irlanda y Eslovaquia, España es “el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB”.
Los datos de la realidad son tercos y obstinados: la locomotora europea del desempleo tuvo un gasto público equivalente al 43.6% del PIB, frente al 49.1% de promedio en la Unión Europea de los Veintisiete (UE-27). España gastó, en 2011, 5.5 puntos de PIB menos que nuestros socios de la UE. Nuestro país no gasta más que los demás: gasta menos. Entonces, ¿dónde está el problema?
El problema se halla en que España ingresa mucho menos que nuestros socios europeos. En 2011, la presión fiscal alcanzó el 31.4% del PIB, frente al promedio del 38.8% en la UE-27. Hemos ingresado 7.4 puntos de PIB menos que el promedio de los estados de la UE. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha calcula que el diferencial recaudatorio de España, en 2011, fue de 78.956 millones de euros.
Si España recaudara el mismo porcentaje de su PIB que recaudan los estados de la UE, sólo en 2011, habría ingresado en equivalente a doce veces el presupuesto previsto en Canarias para 2014. No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades: hemos recaudado por debajo de nuestras posibilidades.
Los partidos que han gobernado España no han recaudado lo necesario para generar el empleo y el bienestar suficientes. Entre otros motivos, no lo han hecho porque han tolerado un fraude fiscal olímpico, que suma cada año 59.000 millones en impuestos y 29.000 millones en cuotas a la Seguridad Social. Y, mientras sigan gobernando los mismos, seguirá ocurriendo igual porque representan intereses que siempre han rechazado la convergencia en presión fiscal con la Unión Europea. De hecho, como muestra de esa falta de voluntad recaudatoria, señalemos que sólo se repone el 10% del personal de la Agencia Tributaria que se jubila. Mientras que Alemania cuenta con 1.39 empleados públicos en la administración fiscal y la lucha contra el fraude, por cada mil habitantes, Francia tiene 2, Portugal 1.08, Holanda 1.85, Bélgica 1.55, pero España dispone sólo de 0.57. No es casualidad que, según Tax Justice Network, seamos la décima potencia mundial en fraude fiscal.
Con respecto al nivel de empleo público, los datos del informe de la OCDE Government at a Glance 2013 son demoledores: el 13.1% de la fuerza laboral española está integrada por trabajadores públicos, frente al 15.5% de media en la OCDE. Países mucho más exitosos en la creación de empleo y bienestar que España tienen niveles de empleo público muy superiores: Noruega 30.5%; Dinamarca 29.9%; Suecia 26%; Francia 21.9% y Gran Bretaña 18.3%. El problema no es que tengamos un sector público excesivo, sino que tenemos un sector público insuficiente.
Sin embargo, es admirable que en un país con escaso gasto público, escasos ingresos públicos y escaso nivel de empleo público se haya hecho creer a tantísima gente que uno de nuestros grandes problemas es el excesivo tamaño del sector público. Esto debiera hacer que nos preguntáramos si nuestras fuentes habituales de información nos informan o nos manipulan. Y debiera hacernos entender que quienes nos han gobernado han ejercido de Caballo de Troya, en las administraciones, para facilitar el asalto del poder económico privado a lo público. Y, con un sector público tan debilitado, hoy la crisis hace unos estragos sociales muy superiores a los que se habrían producido si los gestores de lo público hubieran sido leales a lo público.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.
Sin embargo, hasta el presidente Mariano Rajoy, un auténtico terminator de lo público, ha llegado a reconocer lo obvio: “quiero acabar con un mito sobre el verdadero tamaño de la administración”, afirmó en junio del pasado año. “Con datos de 2012”, prosiguió, “España se sitúa entre los países con menor gasto público de la Unión Europea”. De hecho, el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas señala que, tras Irlanda y Eslovaquia, España es “el país de la eurozona con el nivel más bajo de ingresos públicos sobre el PIB”.
Los datos de la realidad son tercos y obstinados: la locomotora europea del desempleo tuvo un gasto público equivalente al 43.6% del PIB, frente al 49.1% de promedio en la Unión Europea de los Veintisiete (UE-27). España gastó, en 2011, 5.5 puntos de PIB menos que nuestros socios de la UE. Nuestro país no gasta más que los demás: gasta menos. Entonces, ¿dónde está el problema?
El problema se halla en que España ingresa mucho menos que nuestros socios europeos. En 2011, la presión fiscal alcanzó el 31.4% del PIB, frente al promedio del 38.8% en la UE-27. Hemos ingresado 7.4 puntos de PIB menos que el promedio de los estados de la UE. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha calcula que el diferencial recaudatorio de España, en 2011, fue de 78.956 millones de euros.
Si España recaudara el mismo porcentaje de su PIB que recaudan los estados de la UE, sólo en 2011, habría ingresado en equivalente a doce veces el presupuesto previsto en Canarias para 2014. No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades: hemos recaudado por debajo de nuestras posibilidades.
Los partidos que han gobernado España no han recaudado lo necesario para generar el empleo y el bienestar suficientes. Entre otros motivos, no lo han hecho porque han tolerado un fraude fiscal olímpico, que suma cada año 59.000 millones en impuestos y 29.000 millones en cuotas a la Seguridad Social. Y, mientras sigan gobernando los mismos, seguirá ocurriendo igual porque representan intereses que siempre han rechazado la convergencia en presión fiscal con la Unión Europea. De hecho, como muestra de esa falta de voluntad recaudatoria, señalemos que sólo se repone el 10% del personal de la Agencia Tributaria que se jubila. Mientras que Alemania cuenta con 1.39 empleados públicos en la administración fiscal y la lucha contra el fraude, por cada mil habitantes, Francia tiene 2, Portugal 1.08, Holanda 1.85, Bélgica 1.55, pero España dispone sólo de 0.57. No es casualidad que, según Tax Justice Network, seamos la décima potencia mundial en fraude fiscal.
Con respecto al nivel de empleo público, los datos del informe de la OCDE Government at a Glance 2013 son demoledores: el 13.1% de la fuerza laboral española está integrada por trabajadores públicos, frente al 15.5% de media en la OCDE. Países mucho más exitosos en la creación de empleo y bienestar que España tienen niveles de empleo público muy superiores: Noruega 30.5%; Dinamarca 29.9%; Suecia 26%; Francia 21.9% y Gran Bretaña 18.3%. El problema no es que tengamos un sector público excesivo, sino que tenemos un sector público insuficiente.
Sin embargo, es admirable que en un país con escaso gasto público, escasos ingresos públicos y escaso nivel de empleo público se haya hecho creer a tantísima gente que uno de nuestros grandes problemas es el excesivo tamaño del sector público. Esto debiera hacer que nos preguntáramos si nuestras fuentes habituales de información nos informan o nos manipulan. Y debiera hacernos entender que quienes nos han gobernado han ejercido de Caballo de Troya, en las administraciones, para facilitar el asalto del poder económico privado a lo público. Y, con un sector público tan debilitado, hoy la crisis hace unos estragos sociales muy superiores a los que se habrían producido si los gestores de lo público hubieran sido leales a lo público.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
