El análisis de James Petras “No hay dudas de que hay una crisis en Argentina, pero por eso no podemos hablar de un país en quiebra”

Héctor Vicente

Radio CX36 centenario

Héctor Vicente: Buenas tardes, Petras, ¿cómo le va?
James Petras: Estamos muy bien, esperando vuestra llamada.
HV: Bien, comencemos entonces.
El diario económico estadounidense The Wall Stret Journal, publica hoy una nota sobre la situación en Argentina, allí dice: “A medida que caen las reservas internacionales de Argentina, una megadevaluación parece inevitable, nuevamente. Algunos países aprenden las lecciones de su historia monetaria, pero Argentina es un caso aparte.”
En el artículo titulado: "Argentina y la vieja costumbre de devaluar" , la periodista Mary Anastasia O'Grady sostuvo que la historia argentina de "200 años de devaluaciones recurrentes es una condición más seria que una adicción. Es patológico" .
Paralelamente, salió el Jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, a cuestionar el aumento de precio de la nafta establecido por la empresa Shell, por considerarlo carente de "razonabilidad técnica" y fundado "solamente en la codicia" de determinados grupos económicos.
¿Cómo analiza Usted la situación del vecino país?
JP: En primera instancia, debemos entender que son patológicos los reportajes en Estados Unidos y Europa sobre Argentina.
Primero, no ubican ningún contexto. Es mentira que Argentina siempre está cayendo, siempre está quebrado. No marcan el hecho que de 2003 al 2012 Argentina tuvo diez años de crecimiento dinámico, de aumentos en los gastos sociales, con programas de bienestar social que duplicaron las jubilaciones y pensiones, extendiendo los aumentos y el pago por desempleo, etc. Entonces, desde el crecimiento y las mejoras sociales, está todo ausente en ese reportaje.
No hay dudas de que hay una crisis hoy en Argentina, pero por eso no podemos hablar de que es un país en quiebra. Es un país que ha crecido, que tiene mercados externos, tiene capacidad de exportar y mejorar las cuentas externas.
Lo que necesita Argentina es una intervención sobre el sector financiero especulativo. Precisamente el sector que el Wall Street Journal y la prensa occidental están a favor. En vez de mejorar la situación, ellos quieren retornar al año 2001 cuando el país estaba hipotecado y el capital extranjero dominaba el mercado financiero, que culminó con un crack que resultó con el 50% del desempleo.
Con esto no quiero decir que todo anda bien, creo que Cristina Fernández de Kirchner ha dado demasiadas facilidades para la especulación del sector financiero, y si quiere mejorar la situación, debe dar una vuelta hacia una mayor estatización del sector financiero e incluso nacionalizar los sectores estratégicos, estatizar el sector exportaciones y poner más instrumentos económicos en las manos de un sector público responsable y que responda al pueblo.
Esa es la alternativa frente a la crisis.
Lo que propone el Wall Street Journal es lo peor, es volver a la peor época de corrupción y dependencia de la Argentina.
HV: Claro, aparece acá también el papel de los monopolios, porque la Shell aumentó de un día para otro un 12% el precio de los combustibles, una fuerte medida.
JP: Si. Y además, debe ser como una consulta, para ver si esa es la mejor manera de tratar los problemas fiscales, porque aumentar las tarifas es una medida regresiva, porque afecta a todos los sectores de arriba abajo; y no es selectiva en los efectos. Por ejemplo, aumentar los impuestos sobre los agro minerales exportadores me parece mucho mejor para mejorar las cuentas, particularmente las cuentas de energía.
Pero tomar medidas generalizadas que afectan todo, desde el pequeño camionero a la gran industria, me parece una falta de criterio clasita para aplicar medidas de ajuste.
HV: Al cuestionar la suba que impuso la empresa Shell, Jorge Capitanich recordó que el ex presidente Néstor Kirchner en el 2005 llamó a un boicot contra esta empresa.
JP: Si, Pero es gobierno, Capitanich no puede simplemente hacer denuncias públicas, tiene instrumentos jurídicos y políticos en sus manos para intervenir y rectificar la situación. No debería jugar como un académico, comentando o criticando, es el momento de tomar acciones efectivas.
HV: Hubo elecciones este fin de semana en El Salvador y Costa Rica y en ambos casos habrá segunda vuelta.
JP: Si, en los dos países los partidos más vinculados con los Estados Unidos, más pro imperialistas, más neoliberales fracasaron de forma contundente.
Por ejemplo en El Salvador, el partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) con el candidato Norman Quijano, apenas consiguió el 39% de los votos con un margen de un 10% frente al oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN) que llevaba a Salvador Sánchez Cerén como candidato. Le faltó al FMLN un solo punto para ganar en primera vuelta, por lo que no hay dudas de que en la segunda vuelta (que será el 9 de marzo) volverán a ganar.
Eso es un repudio a la política pro norteamericana del ARENA, es la política de total desregulación del a Economía y la militarización de la sociedad civil.
En este sentido el FMLN, que no es un partido izquierdista sino que es un partido social liberal, ha hecho algunas mejoras para el bienestar social. Pero frente a la extrema derecha de ARENA, el FMLN tiene una posición apenas progresista, que le permitió mejorar al menos la vida cotidiana, entregan instrumentos escolares para los niños, mejoró en algo el tema seguridad aunque no es adecuado pero está mejor que antes; y han bajado la represión policial. Allí debemos ubicar las razones de la victoria del centro izquierda en El Salvador.
En el caso de Costa Rica, la situación es muy compleja pero allí también el partido de Laura Chinchilla, el gobernante Partido de Liberación Nacional, que llevaba como candidato a Johnny Araya; consiguió menos del 30% de los votos. Es decir la oposición consiguió un 70% de los votos. Allí se incluye el candidato de centro izquierda Luis Guillermo Solís, del Partido de Acción Ciudadana, que obtuvo el 31% y que irá a segunda vuelta el 6 de abril con Araya.
Mientras tanto, el candidato del Frente Amplio Progresista José María Villalta alcanzó el 17%; lo que hace que junto a Solís, obtuvieron casi el 50% de los votos.
Esto es otro fuerte repudio al pro norteamericanismo de los partidos neoliberales y con esto, la corrupción endémica. Costa Rica era un país como Uruguay en décadas pasadas destacado por su bienestar social; pero últimamente se han deteriorado todos los programas sociales en Salud, Educación, Jubilaciones y Pensiones; por eso precisamente el electorado votó en contra del partido gobernante.
Es otra expresión de la tendencia en América Latina de buscar soluciones ni radicales ni reaccionarias, es decir buscar avances para recuperar lo mejor del pasado más que para transformar la sociedad. Creo que es una fase intermedia cuando la gente está enfrentando el neoliberalismo, en primera instancia busca soluciones moderadas, pero atrás de eso hay una radicalización, un rechazo al neoliberalismo que puede abrir paso a una mayor radicalización en el futuro.
Las ilusiones de los partidos derechistas neoliberales se están desgastando.
HV: ¿Cómo se explica el alto abstencionismo en El Salvador?
JP: Es que hay un desencanto con el Frente Farabundo Martí. La gente cree que es un partido de izquierda por sus antecedentes guerrilleros y marxistas; pero han dado pasos cada vez más de acomodación con el neoliberalismo; han dejado de apoyar la lucha de clases, la lucha de los campesinos y pequeños productores; han dado pasos para que se reagrupen las multinacionales en las zonas de libre comercio; etc.
Pero, como decía, al margen de eso, hay sectores sindicales y de clase media, que votan el mal menor. Entonces, el Farabundo Martí para ellos es el mal menor contra la represión feroz y la corrupción extendida de los partidos de derecha. Entonces ante dos opciones grandes prefieren quedarse con e l Farabundo Martí y ver dentro de ese proceso si pueden presionarlos para profundizar cambios.
HV: Nos sorprendió la noticia de un estudiante que había tomado 24 alumnos como rehenes en una escuela en las afueras de Moscú; y mató a un policía y a un profesor.
JP: Están imitando a Estados Unidos, estas cosas son cotidianas aquí, porque no hay ningún control de armas.
Aquí en Estados Unidos hay 300 millones de armas circulando entre la gente, por eso hay asesinatos en shopping, en escuelas, edificios públicos, etc. Pero si bien aquí es común, en Rusia es raro.
Lo que si debemos considerar es el hecho de que ocurre un incidente así en Rusia y recibe amplia difusión. Me parece una forma de distraer al público porque en Rusia hay menos asesinatos en las escuelas que en cualquier ciudad de Estados Unidos.
HV: ¿En qué otros temas está trabajando actualmente?
JP: En dos cosas.
Una es la corrupción generalizada en la Unión Europea. Es como los viejos comentarios que se hacían en las ‘repúblicas bananeras’ donde las dictaduras robaban el Tesoro como François Duvalier en Haití o Anastasio Somoza en Paraguay, etc. Ahora en Europa hay miles de ‘Somozas’ en oficios políticos.
Las cifras que recibimos ayer es que cada año hay 120.000 millones de euros robados por corrupción. Esto quiere decir que casi todos los líderes desde Inglaterra, pasando por Francia, Alemania, hacia el Sur; está robando. Tiene las manos en la masa, como se suele decir.
Estas son cifras oficiales.
Además, se da a todos los niveles, desde los gabinetes ministeriales a los parlamentos, las aduanas, etc. todos los oficiales están involucrados en alguna forma de corrupción, sean coimas, estafas, etc. Por eso, cuando ellos hablan de problemas en Latinoamérica deben primero mirar en su propia casa, para ver que los mayores ladrones políticos en el mundo están en la Unión Europea. Y no tenemos cifras similares de los Estados Unidos porque no se atreven a hacer una investigación. La corrupción está centrada mundialmente en Europa, pero tambien en los Estados Unidos, China y otros países, han desarrollado el capitalismo con estafas,coimas y pillaje del tesoro.
Finalmente, quiero hablar del problema de la democracia.
Los países capitalistas hablan mucho de democracia, pero cuando están a punto de perder elecciones, apoyan brotes de disturbios, apoyan golpistas, como podemos ver hoy en Ucrania donde el gobierno electo está bajo ataque, con la intervención directa de Europa y Estados Unidos, tratando de tumbar un gobierno que ganó las elecciones libres democráticas y participativas.
Eso indica que cuando a los países capitalistas no les gustan los resultados de las elecciones, de repente se convierten en autoritarios y golpistas.
Pasa lo mismo hoy en Tailandia, donde hay un gobierno electo limpiamente y la oposición, que perdió las elecciones, está bloqueando los resultados. Los pocos resultados que tenemos muestran que el gobierno ha vuelto a ganar las elecciones, pero falta el conteo de seis millones de votos porque la oposición ha bloqueado los lugares de votación. Esos golpistas reciben una prensa amistosa en la BBC, el Financial Times, el New York Times, que los llaman rebeldes, los llaman opositores, cuestionan al gobierno; pero no tienen razón ninguna al cuestionar las elecciones que es el proceso democrático y están apoyando la antidemocracia.
Entonces para la burguesía la democracia es relativa, no es un principio. Si ganan son electoralistas, si pierden son golpistas. Lo que está atrás de eso son los intereses de clase, por tanto si las elecciones van por el lado populista y nacionalista son inválidas, si van por el lado del neoliberalismo y el pro imperialismo son válidas.
Ese es el criterio burgués y su relación con la democracia, profundamente antidemocrático.
HV: Mencionaba a Ucrania y el propio John Kerry se reunió este fin de semana con los opositores al gobierno de Víktor Yanukóvich.
JP: Si, con los golpistas, los violentos. Y la prensa burguesa, es horrible, hablan de protestas pacíficas y hablan de una masa. Una masa muy minoritaria. Incluso en la capital, Kiev, han tomado una pequeña parte del la ciudad, menos de la quinta parte; bloquean las plazas centrales.
Se les puede ver en la televisión con palos enormes, con cócteles molotov, quemando edificios, atacando policías, violentos; pero no habla de eso la prensa burguesa sino que habla del peligro de represión del gobierno.
Ningún gobierno occidental, mucho menos Estados Unidos, tolera un solo cóctel molotov; si uno toca a un policía va a la cárcel cinco años y si tira un cóctel molotov y causa alguna quemadura, va a la cárcel al menos veinticinco años.
Pero allá, Kerry apoyando la oposición está apoyando a cientos de cócteles molotov y ataques a la policía.
Si estos manifestantes estuvieran haciéndolo aquí en Estados Unidos, incluso en California, te garantizó que no quedan en la calle más de cinco minutos. La policía entra, reprime y los dispersa con balas de plomo, no con balas de plástico.
Es una cuestión de su doble criterio. En el mundo occidental apoyan la ley y el orden dentro del marco político. Allá apoyan cualquier violento y a cualquier extremista.
HV: Bien Petras, muchas gracias, nos reencontramos el lunes.
Un abrazo.
JP: Excelente.
Un gran abrazo y saludo a los oyentes.
volver a escuchar/descargar aquí:
http://www.ivoox.com/analisis-<james-petras-cx36-audios-mp3_rf_2796485_1.html
(*) Por encontrarse en California, hasta el 17 de febrero el Análisis de James Petras que se emite en vivo los lunes en CX36, sale a las 15:30 horas (local). Escúchelo en el 1250AM del dial uruguayo o por www.radio36.com.uy

Reclamos en los esteros

Pequeños productores se oponen al avance de cuatro empresas

 

Darío Aranda

Página 12

Cuatro grandes empresas concentran 370 mil hectáreas en la zona de los Esteros del Iberá. Una fundación explotada por pequeños productores e intervenida por el gobierno provincial en 2001 corre el riesgo de ser entregada a las empresas.
Campesinos de Corrientes denuncian desalojos y se movilizan por el avance empresario sobre territorios rurales. La zona en disputa es el Iberá, el mayor humedal de Argentina y uno de los espacios de mayor biodiversidad del mundo. Responsabilizan al monocultivo forestal y al turismo de la mano de funcionarios, magnates extranjeros y de la Universidad estadounidense de Harvard. Cuatro empresas concentran 370 mil hectáreas. “No nos vamos a bajar ni un centímetro de la lucha por las tierras y contra las plantaciones forestales”, avisó Antonio Lezcano, de la Asociación de Pequeños Productores de Corrientes.
El Iberá está ubicado en el centro-norte de Corrientes y abarca cinco departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44 por ciento de la población vive en el campo (4500 personas) y el 50,2 por ciento tiene “necesidades básicas insatisfechas”, según el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Es el epicentro de las disputas por el territorio.
Los pequeños productores –junto con la organización socioambiental Guardianes del Iberá, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Comunidad Guaraní Yahaveré– se movilizaron el jueves 5 de diciembre a la capital provincial y cuestionaron a “los dueños del Iberá”. La Universidad de Harvard posee 85.471 hectáreas (mediante las empresas Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas –Evasa–), el multimillonario húngaro George Soros, 76.498 hectáreas, Gilberte Yvo-nne de Beaux (millonaria francesa conocida como “madame Beaux”), 51.178 hectáreas y Douglas Tompkins, 154.616 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.763, el equivalente a 18 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
“Este avance extractivo genera un daño ambiental y comunitario grave, con consecuencias irreparables y provocando la migración forzada de las comunidades rurales, no genera fuentes de trabajo”, denunciaron campesinos y organizaciones en un comunicado conjunto.
Antonio Lezcano tiene 46 años y es nacido y criado en la zona. Trabaja diecisiete hectáreas en las que cultiva papa, mandioca, batata, sandía y maíz. “Desde que llegaron las forestales comenzaron a echar a quienes siempre vivieron acá”, explica y precisa que en los últimos cinco años fueron expulsadas al menos 170 familias. “Desaparecieron parajes enteros”, lamenta, y menciona más de diez, entre ellos Santa Bárbara, Montaña y Colonia San Antonio.
Emilio Spataro, de la organización Guardianes del Iberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tompkins creó en 2002 la empresa forestal Evasa (Empresas Verdes Argentinas). En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. “Tompkins juega armando los proyectos, financiando y trayendo ‘inversores’”, afirmó Spataro. Un ejemplo es el proyecto turístico “Ruta escénica” (el acceso al Iberá), impulsado por The Conservation Land Trust (CLT), la empresa de Tompkins. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de agua del Iberá (que impulsan empresarios y funcionarios) deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean “un importante impacto ambiental” y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas.
Spataro aseguró que Tompkins (mediante CLT) tienta a los intendentes con obras, como camping y puerto sobre el Iberá y el senador Flinta (presidente de la UCR) es quien articula a intendentes, legisladores y empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlo es el Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá. Un gran punto de conflicto actual es la Fundación San Nicolás, creada en la década del ’60 como parte de una donación privada de 3100 hectáreas y que tenía como objetivo principal que esa superficie fuera trabajada porcampesinos a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera hasta 2001, cuando fue intervenida por el gobierno. En el Cuarto Encuentro de Municipios de la Cuenca del Iberá, en agosto de 2010, empresarios y funcionarios explicitaron la intención de realizar un ingreso al Iberá por las tierras de la Fundación San Nicolás.
El último año, el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una “confiscación” del poder político y exigen la normalización de la Fundación para que los campesinos puedan trabajar esa tierra. “Antes había un consejo de administración plural, con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario y sabemos que están más cerca de los ricos que de los pobres”, advirtió el campesino Lezcano.
Spataro, de Guardianes del Iberá, dijo que “son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento del Iberá. Quieren vaciar el Iberá de campesinos e indígenas”. Cristian Piriz, coordinador del Grupo socioambiental Ysyry, de San Miguel, destacó que “funcionarios y empresarios dicen no tener nada que ver entre sí, pero en el territorio la realidad es una sola, crecen las estancias de Tompkins, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar”.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-236271-2013-12-23.html

Ataque de matones y represión de policías en córdoba Monsanto contamina el medio ambiente y también la democracia

Emilio Marín

La Arena

La última noticia relacionada con Monsanto procedió de Córdoba. Ocurrió este jueves 28, en la planta de tratamiento de semillas que la multinacional viene construyendo sin contar con el previo informe de impacto ambiental requerido por la ley de ambiente.
A las 8 de la mañana, 60 matones traídos por la UOCRA en dos colectivos y vehículos, atacó sin previo aviso a los vecinos y ambientalistas en su campamento de protesta. Las carpas están desde el 17 de setiembre pasado, cuando comenzó el acampe, motorizado por la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida”. Jóvenes de ambos sexos y vecinos fueron golpeados con palos y piedras por la patota. La agresión tenía un objetivo preciso: que 7 camiones llegados desde la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires, pudieran ingresar y descargar su material.
Hubo 20 heridos, a pesar que en el sitio estaban diez policías como custodia preventiva. Los uniformados no hicieron nada para impedir la agresión ni para separar a los violentos. Peor aún, tres horas más tarde, cuando habían recibido refuerzos de la Guardia de Infantería, en vez de antender los reclamos de los manifestantes, los reprimieron con balas de goma.
Los heridos fueron a declarar ante la fiscalía de Víctor Chiapero, quien dijo estar tratando de identificar a los intervinientes. Menuda tarea, aunque el fotógrafo Andrés Baissero, de Ecos Córdoba, le dio una interesante punta: uno de los vehículos que trasladó a la patota es una Iveco placa DZZ 611, con patente oficial del gobierno de Córdoba. Las fotos circularon por las redes sociales y fueron publicadas por La Mañana de Córdoba en su edición de ayer. Son seis fotografías y recién en las dos últimas el chofer logra pararse al frente de la unidad con la vana intención de tapar la patente.
Entre las heridas estuvo Sofía Gatica, emblemática integrante de Madres de Barrio Ituzaingó, que el año pasado logró llevar a juicio el primer caso de contaminación por fumigación de los sojeros de los suburbios. Ella fue golpeada en setiembre en el acampe y ayer nuevamente, siendo internada en el Hospital de Urgencias. En los días previos fue amenazada en un colectivo y luego golpeada por dos personas a la salida del trabajo. ¿Hay que ser mal pensados para sospechar que Monsanto movió los hilos de la UOCRA y represión policial?
Con gobiernos de turno
La multinacional con sede en Missouri, Estados Unidos, detenta una posición hegemónica en semillas transgénicas de soja y maíz. Logró tal hegemonía con una política comercial de anchas espaldas financieras y mucho apoyo de diversos gobiernos.
Su táctica sudamericana fue vender “libremente” las semillas, atadas al glifosato y todo un paquete tecnológico, para ir ganando mercados. Su estrella de esos años fue la RR Round Up, autorizada en los años '90 por Carlos Menem y especialmente su secretario de Agricultura, Felipe Solá (que luego recaló en el duhaldismo, el kirchnerismo y actualmente en el massismo).
Una vez que copó la parada, desde 2012, Monsanto hace firmar a los productores un contrato por el que los obliga a pagar regalías, a no utilizar semillas para la resiembra y a permitirle a la firma fiscalizar su uso. Según su propaganda, la apretada le ha reportado el “acuerdo” del 80 por ciento de sus clientes. Por las dudas, con el auspicio del último ministro del área, Norberto Yauhar, la multinacional impulsó un proyecto de ley de semillas que asegurará su negocio y el de otras multinacionales como Syngenta, Bayer, etc.
Lo bueno es que ese riesgo mortal para miles de pequeños propietarios rurales y pueblos originarios ha despertado la oposición de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras entidades que defienden al verdadero “campo”.
Monsanto no descansa. En el suplemento de La Voz del Interior (6/9) hacía la propaganda a toda página de su novedad en semilla. En medio de la publicidad, una línea aclaraba lo obvio: “Para acceder a los beneficios de Intacta RR2 PRO deberás suscribir una licencia de uso con Monsanto”.
La justicia también...
El gobernador José M. de la Sota hace todo lo posible para concretar la polémica fábrica de Monsanto en Malvinas, a 16 km de la capital cordobesa, en un predio de 27 hectáreas contiguo a barrios y escuelas de esa localidad. Esto último fue denunciado desde el comienzo por los vecinos y las entidades ambientalistas que los apoyan, caso de “Médicos de Pueblos Fumigados” del médico Medardo Ávila Vázquez (querellante en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó), la fundación FUNAM del biólogo Raúl Montenegro y el Club del Derecho del abogado Federico Macciochi. Este espectro funciona y apoya a la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida” donde hay varios referentes, entre ellos Gastón Mazzallay y la propia Gatica.
El anuncio sobre la “inversión” la dio, muy contenta, Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2011 en su comparendo ante el Council of Americas reunido en Nueva York, con su anfitriona, la banquera Susan Segal. La presidenta manifestó que Monsanto ya había impreso un folleto y “cuando eso sucede -dijo- es porque la inversión ya está asegurada”.
Su adversario De la Sota también festejó la novedad. Y último en la cadena de mandos políticos, se sumó el intendente radical de Malvinas, Daniel Arzani.
Este terceto, en especial el dúo que vive en Córdoba (gobernador e intendente), se ha negado a dos de las peticiones de los manifestantes y ambientalistas: realizar una audiencia pública para escuchar las razones y sinrazones de las partes; y proceder a una consulta popular de la población de Malvinas, para saber si ésta está de acuerdo o no con la polémica instalación.
Supuestamente las ventajas de la inversión, por sus efectos económicos y puestos de trabajo, serían tantas e inobjetables, que el intendente y el gobernador no deberían tener ningún problema en ganar por goleada la votación. Sin embargo la niegan.
La corporación de Missouri ha colonizado la justicia mediterránea. Todos los recursos presentados por el abogado Macciochi han sido rechazados: ni audiencia pública, ni consulta popular ni informe de impacto ambiental previo a las obras.
La jueza Graciela Escudero de Fernández y luego el Tribunal Superior de Justicia (de Injusticia, se ironiza), fallaron en un sentido supuestamente salomónico: autorizaron el avance de las obras, pero dijeron que luego no se puede operar si no está el informe ambiental.
Contamina la democracia
Es obvio que hay una trampa. Nadie va a comprar un predio de tantas hectáreas y hacer una inversión millonaria, si no tiene asegurado que lo van a dejar producir. Y la inversión cordobesa produciría 60.000 toneladas de granos de maíz al año, habiendo sido presentada como la más grande en su tipo a nivel internacional de la compañía. Esas obras no se encaran si no hay suficientes garantías gubernamentales y judiciales.
En cambio donde a la firma no le ha ido bien fue en Río Cuarto. El intendente radical Juan Jure, con el apoyo de la Universidad Nacional, y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, resolvió rechazar la instalación de Monsanto. Lo hizo basándose en la evaluación de impacto ambiental de la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal y el dictamen jurídico de la Fiscalía Municipal.
En esa importante ciudad del sur provincial, la multinacional y su asociada Bio4, que ya está radicada en el Parque Industrial, tenían pensado instalar un centro de investigación y mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, con depósito de agroquímicos, según informó la Revista El Sur, n° 93, noviembre 2013 (“El rastro de Monsanto”).
Muy buen dato que Jure cerrara las puertas a la empresa sindicada como gran envenenadora mundial, por más que sus directivos sigan ganando premios internacionales. Robert Fraley, director de Tecnología de Monsanto, al recibir en octubre pasado el Premio Mundial de Alimentación 2013, aseguró que “treinta años de investigación han validado la seguridad de los productos biotecnológicos” (Infocampo, 1/9).
El vocero de la compañía en Córdoba, Adrián Vilaplana, en declaraciones a los medios volvió a negar de plano la consulta popular con el falaz argumento de que la sociedad necesita información y no política. Como si su información y su política empresaria no estuvieran contaminadas no sólo con glifosato sino también, y sobre todo, por bacterias antidemocráticas. Negar la votación, tildar de violentos a los asambleístas, concertar la patoteada con la UOCRA para que los camiones de la empresa pudieran ingresar, presionar a la justicia, concertar con medios monopólicos locales una versión edulcorada y casi “verde” de Monsanto, es afectar la democracia.
El cronista la corta aquí. Se tiene que ir a ver “El mundo según Monsanto”, de la francesa Marie-Monique Robin, película con la que hoy cierra el ciclo de cine “El ojo crítico” que se desarrolla en el gremio de Judiciales de Córdoba.

Fuente original: http://www.laarena.com.ar/opinion-monsanto_contamina_el_medio_ambiente_y_tambien_la_democracia-105954-111.html

Las actas secretas de la dictadura que prueban la apropiación de Papel Prensa

Daniel Cecchini

Miradas al Sur

Al cierre de esta edición de Miradas al Sur, un equipo jurídico del Ministerio de Defensa encabezado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la cartera, Graciana Peñafort, trabajaba contra reloj para responder a requerimientos judiciales, en el marco de diversas causas, relacionados con las actas secretas de la Junta Militar de la última dictadura halladas la semana pasada en el subsuelo del Edificio Cóndor. Fuentes de ese ministerio confirmaron a este dominical que entre esos requerimientos hay uno del titular del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal número 10, Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, para que le sean entregados los originales de los documentos donde se menciona a esa empresa y al Grupo Graiver.
Las actas de la junta donde se alude a Papel Prensa son 15, y no 13 como se informó en un primer momento, ya que luego del anuncio del ministro Agustín Rossi los funcionarios encargados de revisarlas encontraron otros dos documentos. De ser entregados en el juzgado a principios de la semana que comienza, el recorrido de esos documentos desde las catacumbas de la Jefatura de la Fuerza Aérea a la cartera de Defensa y, desde ahí, a la sede judicial se habría hecho con extraordinaria rapidez, sobre todo si se lo contrasta con la llamativa lentitud con que avanza la causa que investiga el traspaso irregular de las acciones de la empresa que Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo Graiver se vieron obligados a hacer bajo amenazas de secuestro y muerte entre principios de noviembre de 1976 y mediados de marzo de 1977.
Según la Fuerza Aérea, las carpetas con 280 actas de las juntas militares –entre las cuales se encontraban las 15 relacionadas con Papel Prensa- fueron halladas el jueves 31 de octubre. A principios de esta semana, el ministro Agustín Rossi hizo el anuncio. Al mismo tiempo, funcionarios de esa cartera analizaban el material con el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, para evaluar su importancia jurídica. Miradas al Sur pudo saber de fuentes judiciales que apenas dos días después, el miércoles, el juez Ercolini envió a la cartera de Defensa un requerimiento solicitando esos originales para incorporarlos a la causa caratulada “Magnetto, Héctor y otros / delito de acción pública”.
En la causa están imputados la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación, Bartolomé Mitre; el ex secretario de Industria de la dictadura, Raymundo Pío Podestá; los ex propietarios de La Razón, José, Marcos y Hugo Peralta Ramos; y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Gregorio Bandini. La muerte les permitió escapar de la acción de la Justicia al dictador Jorge Rafael Videla, al primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y al ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos.
Pruebas irrefutables
Catorce de las quince actas de la Junta Militar en las que se menciona al Grupo Graiver y a Papel Prensa eran desconocidas hasta el hallazgo ocurrido en el Edificio Cóndor. Sólo se sabía de su existencia por referencias realizadas a mediados de la década de los 80 por el genocida Eduardo Emilio Massera al entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando éste investigaba los despojos de empresas perpetrados por la dictadura. En esa oportunidad Massera no aportó documentación alguna.
Hasta ahora, el juez Ercolini sólo disponía de una copia del acta N°14, donde está asentada la autorización de la Junta Militar para la transferencia de la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa (51%) a Clarín, La Nación y La Razón. El acta tiene dos anexos de singular importancia, porque muestran el poder de negociación de los tres diarios frente a sus cómplices militares de la apropiación. El primero establece la transferencia del 51% de las acciones a los tres diarios, pero además los obliga a transferir el 49% de ese 51% a diarios del interior del país. En el segundo anexo, esta última medida queda sin efecto por pedido expreso de los propietarios de Clarín, La Razón y La Nación. Ahora el magistrado tendrá en sus manos el original.
Las quince actas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1° de diciembre de 1977 y su lectura pone en evidencia que, para la junta, el secuestro ilegal y posterior “blanqueo” de los integrantes del Grupo Graiver está indisolublemente ligado a la apropiación de Papel Prensa. “En los documentos queda asentado con claridad que los miembros de la junta tratan los dos temas juntos, que hay una unidad temática, que no son dos cosas separadas. Esto es de una importancia probatoria imposible de soslayar”, dijo a Miradas al Sur una alta fuente del Ministerio de Defensa. La importancia que los dictadores otorgaban al asunto se desprende también de la ubicación de la cuestión “Papel Prensa” dentro del temario: en casi todos los documentos ocupa el primer o el segundo lugar.
El acta N° 20, del 14 de abril de 1977, es una de las más claras en ese sentido: en ella se precisa que “no se debe demorar el proyecto” de la papelera (en ese momento se estaba terminando de construir la planta de San Pedro) y que hay que resolver la situación de los integrantes del Grupo Graiver para evitar que cobren “las sumas por las acciones vendidas”. En ese momento, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo se encontraban desaparecidos en el Pozo de Banfield luego de haber sido secuestrados por los grupos de tareas al mando del entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps, en lo que los represores llamaron “Operación Amigo”.
En el acta anterior – la N°19, fechada el 6 de abril de 1977, cuando los Graiver ya habían secuestrados pero aún no habían sido puestos a disposición del Poder Ejecutivo – los miembros de la Junta Militar se refieren a ellos como “arrestados”. La decisión de blanquearlos sería tomada poco después, posiblemente durante la reunión asentada en el acta N°20, para así someterlos a un consejo de guerra que permitiera expropiarles el resto de las empresas. Matarlos no era negocio para los dictadores. Tampoco para los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, que pretendían hacer pasar la operación de apropiación de las acciones de Papel Prensa – realizada bajo amenaza de muerte entre el 2 de noviembre de 1976 y principios de marzo de 1977 – por un acuerdo comercial realizado libremente por las partes.
El acta N° 23, del 3 de mayo de 1977, no deja dudas de que Papel Prensa y el “Caso Graiver” son indisolubles. Allí se dice textualmente (en el punto 2.1 del documento): “Se resuelve que el tema (Papel Prensa) sea incluido en las actuaciones que se instruyan en el Caso Graiver, sin que se detenga o afecte la marcha del proyecto, pero ejecutando una ‘intervención preventiva’, en caso necesario”. Por si fuera poco, en el punto 2.2 del mismo asunto se decide que un oficial superior de cada fuerza integre, en carácter de auxiliares del oficial preventor, el consejo de guerra encargado de investigar a los Graiver.
Cronología de una apropiación
Como se dijo más arriba, las actas de la Junta donde se hace referencia a los Graiver y a Papel Prensa, están fechadas entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977. Desde antes de septiembre hasta principios noviembre de 1976, Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes del Grupo recibieron fuertes presiones y amenazas para que transfirieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel, el sello de goma ideado por Clarín, La Nación y La Razón para “comprar” la empresa.
La noche del 2 de noviembre de 1976, en las oficinas que La Nación tenía en la calle Florida, Lidia Papaleo, los padres y el hermano de David Graiver y el testaferro del Grupo en Papel Prensa, Rafael Ianover, firmaron la “venta” de las acciones a los tres diarios. Allí, esa noche, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en diferentes oficinas. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por 996.000 dólares, de los cuales sólo recibió 7.200 al firmar. Para ese momento el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa.
Lidia Papaleo fue entrevistada por Héctor Magnetto y asegura que la amenazó de muerte para que estampara su firma. Al salir del edificio, la viuda de Graiver tuvo un breve intercambio de palabras con el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Bernardo Sofovich, quien le dijo que, si quería salvar su vida, se fuera inmediatamente del país. Por su parte, Rafael Ianover fue entrevistado por el director del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos. “Firmé porque me dio su palabra de honor de que si lo hacía a mi familia y a mí no nos pasaría nada. Mintió, porque en abril me secuestraron”, testimonió Ianover ante la Justicia.
Debido a que María Sol – la hija de David Graiver y Lidia Papaleo – era menor de edad, fue necesaria la intervención de un juez de menores para que fuera posible concretar parte de la transferencia de las acciones. El trámite se prolongó hasta principios de marzo de 1977, cuando finalmente llegó esa autorización judicial. El 14 de marzo, Lidia Papaelo y otros integrantes fueron secuestrados y desaparecidos por los grupos de tareas de Camps. Poco después le llegó el turno a Rafael Ianover. Los dictadores y los propietarios de los tres diarios ya no los necesitaban en libertad para darle apariencia de legalidad a la apropiación.
Las actas de la junta halladas en el subsuelo del Edificio Cóndor dan cuenta del interés con que Videla, Agosti y Massera seguían el desarrollo de los acontecimientos durante ese período.
Secuestrados y "juzgados"
A partir de marzo de 1977, concretados los secuestros de los integrantes del Grupo Graiver, la Junta Militar siguió tratando el tema de “los arrestados” en el marco de su interés por la apropiación de Papel Prensa. De eso dan cuenta las actas, que así confirman documentalmente lo que las víctimas relataron sobre los interrogatorios sufridos bajo tortura durante su detención ilegal, en los cuales el tema Papel Prensa ocupó un lugar central. La declaración de Lidia Papaleo en la causa no deja dudas. En foja 247 dice: “Que también desea aclarar que en Puesto Vasco en ocasión de ser torturada se hallaba presente el comisario Etchecolatz. Que tanto en el Pozo de Banfield como en la Comisaría de Banfield concurrían Beto Cozzani, la Tota y Darío Rojas, quienes le preguntaban por Papel Prensa, y que junto con (Alfredo) Abuin manejaban (cambio a foja 248) la vinculación entre Papel Prensa y Egasa”.
Otro tanto hace Rafael Ianover: “Que recuerda que ello (su secuestro) no le llamó la atención pues ya se encontraban detenidos los miembros de la familia Graiver” (fojas 221). “Que si bien no puede ver por estar vendado, lo hacen sentar en una silla, haciéndole escuchar marchas peronistas. Luego de un rato le quitan la venda y lo llevan a una habitación en la cual lo espera un señor vestido de civil que lo interrogó sobre su accionar en Papel Prensa S.A., quién era el presidente, cómo habían sido nombrados, etc.” (fojas 222). “Que el día siguiente lo vuelven a vendar y a atar las manos, lo meten en un coche en el asiento trasero, conduciéndolo al lugar donde había estado el día anterior con la diferencia que lo hacen subir por una escalera de caracol a dos pisos y lo introducen en una celda en la cual se encuentra solo por espacio de cuatro días, llegando al quinto día el general Gallino, designado preventor, quien lo interroga nuevamente respecto de Papel Prensa” (fojas 223).
Dictadores y editores: cómplices. El general Bartolomé Gallino, nombrado por Ianover como “preventor”, fue el encargado de la instrucción de los consejos de guerra a los que fueron sometidos los integrantes del Grupo Graiver cuando fueron finalmente “blanqueados” luego de más de un mes de detención clandestina. Las actas de la Junta Militar confirman que los comandantes seguían de cerca este proceso.
A mediados de 2011, Miradas al Sur (en una nota firmada por Eduardo Anguita y quien esto escribe) reveló la existencia de tres minutas elevadas por el general Gallino al secretario general de la Presidencia del dictador Videla, general Rogelio Villarreal. En esos partes, el instructor de los consejos de guerra informa de sus reuniones con los propietarios y representantes de Clarín, La Nación y La Razón. Encuentros que mantuvo, llamativamente, en tres ocasiones diferentes pero siempre antes de interrogar a los integrantes del Grupo Graiver. La primera de esas jornadas –que tenía la modalidad de primero hablar con quienes ya se habían apropiado de Papel Prensa y luego con los humillados y despojados verdaderos propietarios– contó con la participación de los dueños de los tres diarios. La segunda vez, Gallino se encontró con los representantes legales de los tres medios y el secretario de Industria de la dictadura, mientras que la tercera vez fue con propietarios y representantes legales juntos. Estos encuentros tuvieron lugar entre el 9 y el 15 de abril de 1977, es decir, apenas tres días después del acta N°19, que se refiere a “los arrestados”, y contemporáneamente al acta N°20, donde los dictadores deciden resolver la situación para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas".
La coincidencia es reveladora de la complicidad entre los dictadores y los propietarios de los medios: al mismo tiempo que la Junta trata el tema, los Graiver están secuestrados y el general Gallino – hombre de confianza de Videla – se reúne con los dueños y representantes de Clarín, La Nación y La Razón antes de interrogar a las víctimas.
Una complicidad que fue confirmada también por dos de sus principales protagonistas. En Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, la periodista Graciela Mochkofsky no sólo confirma que Papel Prensa fue ofrecida por la dictadura a los propietarios de los tres diarios en 1976 sino que revela la existencia de nuevas pruebas materiales sobre cómo se realizó esa operación. La periodista conserva cintas grabadas de dos entrevistas con el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal –en 1998 y en 2002–, y de una con el ex director de La Razón, Patricio Peralta Ramos, también en 2002. Los dos entrevistados le relataron a Mochkofsky cómo la oferta de Papel Prensa les llegó a los propietarios de los tres diarios de parte de la dictadura y no de los Graiver. En la segunda parte de su libro, Mochkofsky narra con lujo de detalles el proceso por el cual la empresa llegó a manos de Clarín, La Nación y La Razón. En la página 75 dice: “Emisarios del gobierno militar hablaron entonces con representantes de los diarios. ¿Por qué seguir con el proyecto de Fapel, que existía casi en teoría, cuando Papel Prensa tenía asignados préstamos y créditos del Banade, era una sociedad constituida, con la planta en construcción, participación y avales del Estado… y el impulso del gobierno? Los diarios aceptaron. Mientras se dirimía la batalla entre Videla y Massera, Villarreal se reunía con Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre por La Nación, y Patricio Peralta Ramos por La Razón. Una vez que la pelea interna en la Junta fue ganada y los detalles acordados, representantes de los tres diarios se reunieron con Videla”.
En una de las notas al pie, Mochkofsky explica: “Patricio Peralta Ramos me contó en 2002: ‘Nosotros hicimos un proyecto propio, Fapel, Clarín, La Nación y La Razón. Pero en un momento llegan del gobierno y nos dicen: ¿para qué siguen con eso si pueden seguir con esto (Papel Prensa)?’”. El testimonio del ex director de La Razón está registrado en una cinta. En la otra nota al pie de esa página, la periodista relata: “Así me lo contó el general Villarreal en reuniones que mantuvimos en abril de 1998 y mayo de 2002, en su departamento de avenida Santa Fe. Dijo que se reunía con ‘Bartolito Mitre, Peralta Ramos y Magnetto, que venía por Clarín’ y que ‘primero hablaban conmigo y recién al final hablaron con el Presidente, mientras se iba haciendo todo’”.
Ahora, la incorporación de las quince actas de la Junta Militar a la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa por parte de los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón aportará una prueba documental de vital importancia para el juzgamiento de sus responsables. Porque confirman de manera fehaciente que el despojo de la empresa fue una maniobra orquestada por los dictadores y sus cómplices mediáticos utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.
Fuente original: http://sur.infonews.com/notas/las-actas-secretas-de-la-dictadura-que-prueban-la-apropiacion-de-papel-prensa

Ley de Medios Clarín entra en el siglo XXI

Clarín, una organización burguesa para lavarle la mente al 99,99% de sus crédulos directos e indirectos. Blasapisguncuevas.

Graciela Mochkofsky

El Puercoespín

“No creo que la pelea esté perdida”, me dijo un importante ejecutivo de Clarín cuando todavía nadie podía asegurar si la Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmaría o no la constitucionalidad de la llamada ley de medios.
A su alrededor, sin embargo, todo transmitía una sensación de derrota: la semipenumbra de la oficina; su trato solícito; el silencio del teléfono durante las cinco horas en que conversamos, un martes por la tarde en un país en el que, como siempre, pasaba de todo.
También sus relatos. Ya nadie quería reunirse con ellos: nadie del mundo del poder, la política o los negocios; les huían como a la peste, se quejaba, por temor a represalias del gobierno. Por primera vez en décadas, ya no tenían acceso a información crucial, y, en las pocas ocasiones en que se las hacían llegar, tenían que preguntarse: ¿y si es una “operación” del gobierno? Esa incertidumbre los paralizaba. Durante la batalla judicial en torno de la adopción y la identidad de Marcela y Felipe Noble, hijos de Ernestina, directora y principal accionista del Grupo Clarín, un alto funcionario judicial les adelantó un dato que necesitaban para tomar una decisión crucial (dejar o no que Marcela y Felipe se sometieran a un examen de ADN, cosa que hicieron más tarde). No se atrevieron a actuar.
Y sin embargo, todavía no habían perdido, creía. Entonces, pregunté, ¿por qué avanzar tan empecinadamente hacia una derrota? ¿Por qué no se adaptaban cínicamente a la ley de medios, que les impedía mantener el control unificado, y dividían las acciones del Grupo entre sus cuatro accionistas principales?
No, me respondió. Estaban “magullados”, sí, la “pelea de resistencia” contra el gobierno era “cada vez más difícil”, sí, y, claro, tenían esos planes de contingencia para el peor de los casos.
Pero preferían seguir peleando hasta la derrota. No cederían hasta perder.
Así lo hicieron y, hoy, por fin, perdieron.
***

El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.
Pero algo había cambiado.
Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.
Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.
De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.
Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.
Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.
Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.
En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?
Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.
En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.
Fuente: http://www.elpuercoespin.com.ar/2013/10/29/ley-de-medios-en-la-argentina-clarin-entra-en-el-siglo-xxi-por-graciela-mochkofsky/

Del muro de Abuelas de Plaza de Mayo "Encontramos otro nieto, el 109"

Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo anuncia con enorme felicidad la restitución de la identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, otro de nuestros nietos robados por el terrorismo de Estado, secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976 cuando tenía solo cinco meses y medio.

En abril de este año, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético que logró determinar, en un 99,99 por ciento, su pertenencia al grupo familiar Athanasiu Laschan.

Sus padres

Frida Laschan Mellado nació el 10 de agosto de 1947 en Chile. Ángel Athanasiu Jara, el 15 de septiembre de 1954, también en el país trasandino. Ambos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Frida, durante el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende, ocupó un cargo en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA).

En marzo de 1974, luego del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, Frida sufrió la persecución política. De hecho, en septiembre de 1973 ya había permanecido algunos días en la Comisaría de la ciudad de Lautaro y luego en Santiago de Chile. Posteriormente, ya liberada, se exilió en Buenos Aires, donde se reencontró con Ángel –quien había escapado un tiempo antes hacia la Argentina– y ambos comenzaron a militar en el PRT-ERP.

Vivieron ocho meses en Capital Federal y después se mudaron a San Martín de los Andes, Neuquén, hasta mediados de 1975. Ante los avisos de que estaban siendo vigilados, Ángel y Frida, ya embarazada, decidieron volver a Buenos Aires.

El 29 de octubre de 1975 nació su hijo, Pablo Germán. En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron secuestrados del hotel en el que vivían, en un operativo realizado por fuerzas de seguridad en el marco del Plan Cóndor.

El caso

Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha de nacimiento 7 de enero de 1976 por un matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívico-militar, tan es así que su apropiador hoy se encuentra detenido en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad.

Desde el secuestro de Ángel, Frida y Pablo, las familias Athanasiu y Laschan realizaron diversas denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé. Los buscaron infructuosamente en cárceles, asilos y orfanatos.

En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por su desaparición –fue una de las primeras de la Asociación– ante el juzgado Federal Número 1, actualmente a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

En abril de este año, frente a las informaciones que indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, y con la colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, nuestra institución se acercó al joven para invitarlo a dejar su muestra genética.

Ayer, finalmente, Pablo Germán fue notificado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) de que es hijo de Frida y Ángel.

Los seguimos esperando

Hoy, hace exactamente un año que anunciamos la restitución de identidad del nieto 106, Pablo Gaona Miranda. Luego, la de la hija de María de las Mercedes Moreno y, tristemente, debimos comunicar que el embarazo de Mirtha Noelia Coutouné no llegó a término.

Son 109 los casos resueltos gracias a la perseverancia de la lucha, pero aún son cientos de familias las que esperan el encuentro con los nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado.

El tiempo pasa, muchas de nuestras compañeras de lucha van partiendo sin la alegría del abrazo. La búsqueda es cada vez más urgente. Por eso, a quienes dudan de su origen, las Abuelas les decimos que el momento para resolver su identidad es ahora, que no esperen más. Saber quiénes son y de dónde vienen les va a quitar un peso de encima y les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde hace más de 30 años, desde el instante preciso en que fueron brutalmente separados de sus verdaderos padres.

El choque de trenes en Castelar El fracaso de la privatización

Julio C. Gambina

Rebelión

Otra tragedia ferroviaria con pérdidas de vidas y fuerte impacto en personas afectadas, no solo en forma directa por el choque de trenes en Castelar, sino por las complicaciones que se les presenta a los trabajadores que habitualmente utilizan ese servicio y que fuera suspendido transitoriamente. Todavía está en estudio la causa del siniestro y más allá de cuál sea la misma, no queda duda que lo que debiera discutirse es la política ferroviaria de privatizaciones inaugurada a comienzos de los 90´. Son dos décadas de desmantelamiento de los ferrocarriles, del cambio de su función como servicio público de transporte a mercancía a cotizarse en el mercado, con un Estado soporte de la ganancia empresaria.
En rigor, no solo se trata del transporte ferroviario, ya que nuestro análisis podría ser extensivo al transporte carretero o aéreo. En tiempos menemistas se modificaron valores a la hora de considerar las relaciones sociales en la producción y distribución de bienes. Desde entonces se privilegió el proceso de mercantilización de la vida cotidiana, abandonando cualquier pretensión de atender las necesidades sociales con vocación de servicio.
El Estado fundamentó y lideró el aperturismo al más apto en la competitividad del mercado.
La rebelión popular del 2001 golpeó duro en ese paradigma ideológico, pero la institucionalidad estructural no muto y así como los ferrocarriles siguieron siendo administrados por empresas privadas, el régimen privatista se mantuvo instalada, sostenido con subsidios públicos. Muy pocas empresas privatizadas fueron estatizadas, y cuando ocurrió se explicó por falencias o incumplimientos explícitos en la operatoria de la actividad, tal el caso del correo, algunas líneas ferroviarias, y el propio sistema de jubilaciones en plena crisis mundial durante el pico que afectara al mundo financiero en 2009.
Esa nueva intervención estatal ocurrió en los ferrocarriles luego del episodio trágico de la estación once a comienzos del 2012. Es lo que intentaron mostrar las autoridades como respuesta al nuevo episodio de Castelar. En realidad, dar cuenta de gastos realizados para el funcionamiento de los trenes no es lo que hace falta en estos momentos, incluso existiendo posibilidad de falla humana, algo en proceso de estudio e investigación. El asunto es si ante la eventualidad de la falencia humana existe la posibilidad de contenerlo o limitarla por vía del uso de la tecnología. La respuesta es afirmativa y por lo tanto el problema es estructural y se asienta en dos décadas de abandono de una estrategia favorable al transporte público.
No solo es válido el análisis desde los problemas y accidentes ferroviarios, sino del privilegio que en estas décadas se le ofreció al transporte automotor. Todo el modelo productivo y de desarrollo privilegió el uso del automotor, el utilitario y el camión, sea por el consumismo individualista a que convoca el proceso de mercantilización aludido, sino por los mecanismos de traslado de la producción sojera y agropecuaria desde los centros productivos a los puertos. Este privilegio al transporte privado se asentó en cuantiosas inversiones en infraestructura caminera, incluidas las concesiones para el peaje que afecta el costo de traslado en sectores de menores ingresos. El récord de la producción y venta de automotores fue en sentido contrario al deterioro recurrente de los ferrocarriles y el transporte público, solo sostenido sobre la base de unos subsidios crecientes en estos últimos años, que además, necesitan ser investigados sobre su aplicación efectiva en la infraestructura o en el servicio.
Lo primero que corresponde señalar es el fracaso en las políticas de privatizaciones para la sociedad, especialmente para los sectores de menores ingresos usuarios de ese transporte público de pasajeros. A continuación corresponde revertir la situación y modificar los valores que en la sociedad favorecieron la orientación pública para el privilegio del transporte privado. No se trata de trenes contra automotores, sino de establecer que es lo prioritario para la sociedad en cada momento. No solo por las tragedias de Once y Castelar, sino por las consecuencias sociales que supuso la mercantilización de la vida cotidiana es que sostenemos que se requiere pensar y actuar para avanzar en un proceso de des-mercantilización. Se trata de ir a contramano del sentido principal por construir un capitalismo serio o normal.
Puede parecer utópico pensar en términos de des-mercantilización. Sin embargo, cuando se piensa en los reclamos por salud o educación pública, lo que se defiende es la des-mercantilización de esas dos sensibles áreas de nuestra cotidianeidad. Lo que se dice es que la salud o la educación no deben ser mercancías, y crecientemente lo son. Basta pensar en cómo se “resuelve” en la vida cotidiana el proceso de educación y salud para afirmar su creciente peso mercantil. Ocurre lo mismo en otras áreas de la vida y la economía. Es creciente el fenómeno mercantil en áreas propias de la actividad estatal como la Justicia o la Seguridad, con tendencia a la privatización creciente.
El interrogante que suscitamos es sobre la posibilidad de la des-mercantilización de áreas estratégicas. En ese sentido, no solo la educación y la salud, la justicia y la seguridad, sino que aparecen otros temas, como los de la energía o el transporte público de pasajeros o cargas. En ese sentido, todo el esquema privatizador ingresa en la evaluación, incluido el sector financiero. Es que aún subsiste la legislación financiera de la dictadura genocida, mecanismo que facilitó la extranjerización de la economía y el ingreso de capitales para potenciar el proceso privatizador de los 90´. Ya murieron Videla y Martínez de Hoz, y Menem acaba de ser condenado por uno de sus delitos, el de la venta de armas a Croacia y Ecuador, pero la institucionalidad privatista que está en el eje central del programa de la dictadura y del menemismo sigue costando vidas al pueblo argentino. Es lo que debe revertirse para que tenga sentido la condolencia a las víctimas de los siniestros.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El periodismo mercenario argentino y el Caso Lanata

Juan José Oppizzi

Rebelión

Después de la muerte de aquel ejemplo de mentira sistemática y mercenaria, llamado Bernardo Neustadt, hubo la esperanza (de parte de quienes buscamos algo que se llama “verdad”, esa abstracta y escurridiza meta para alumbrar esa comarca incierta llamada “realidad”) de que no se reiterara a breve plazo una figura tan dañina en el periodismo argentino. ¡Vana ilusión! Ya tenemos otra, corregida y aumentada. Pero este caso es notoriamente más espinoso, porque el protagonista no se formó en la escuela de su antecesor, o sea en los cuadros de la derecha fascista; no. Desde aproximadamente 1981, cuando empezó a emitir por radio sus primeros zezeos de periodista de investigación, hasta 2010, cuando se produjo el misterioso (aunque deducible) hecho que lo convirtió en lo que es hoy, Jorge Lanata guardó una línea progresista, defensora de los derechos humanos, crítica del orden social tradicional y opuesta a la acción de las corporaciones económicas dueñas del poder real. Una sola característica se le pudo señalar, no muy a tono con el resto de las indicadas: cierto vedettismo, cierta inclinación al estrellato, que lo hacía chocar algunas veces con sus colaboradores (y que lo hizo actuar en la vidriera de la revista musical boba, el teatro Maipo). En el período anterior a 2010 hizo uno de los mejores informes estructurales de la corporación mediática Clarín. En ese famoso cuadro sinóptico, los brazos increíblemente vastos del grupo encabezado por el diario de Ernestina Herrera de Noble quedaron expuestos con una claridad difícil de superar. Al poco tiempo, Lanata comenzó a experimentar una metamorfosis muy llamativa. Abandonó la defensa de los derechos humanos, se olvidó de la existencia de los dueños del poder real (y en especial de Clarín) y se dedicó a atacar al gobierno de Cristina Fernández y a cada uno de sus funcionarios, colaboradores y simpatizantes. El motivo de ese cambio sigue y seguirá en las sombras, ya que es imposible indagar en los terrenos que hacen a lo íntimo de su protagonista; sin embargo, no es imposible mirar por el catalejo de las probabilidades. La mejor táctica para deducir la raíz de algo es vigilar hacia dónde va ese algo: el desarrollo del tronco y de los gajos permite calcular el volumen subterráneo del árbol. Por supuesto, las especulaciones ya han volado por todo el territorio argentino y más allá, y relacionan el golpe de timón del grueso periodista con una no menos gruesa pila de dinero. Lo cierto es que el giro de Lanata coincide con la agudización del conflicto que enfrenta al gobierno de Cristina Fernández con Clarín. No voy a decir aquí lo que sólo una fotografía ya dice largamente respecto de este conglomerado de medios: el brindis de su dueña y del dueño de La Nación, Mitre, con el genocida Videla, en los tiempos en que ninguno de los columnistas que ahora se encargan de anunciar el advenimiento de un nuevo nazismo abría la boca para denunciar la criminalidad de la dictadura encabezada por el flaco psicópata de uniforme.
Lanata ha hecho un increíble borrón con los argumentos que desarrollaba antes del 2010. Y eso, que es motivo suficiente para reprocharle su falta de coherencia y para hacer altamente sospechoso el viraje, no es lo único que va distinguiéndolo. Su habla se vuelve cada vez más procaz e hiriente; su catarata de guano verbal no perdona edad, situación, trayectoria o sexo de los elegidos a la hora de propinarle el golpe. Las denuncias que desparrama a diestra y siniestra no resisten verificaciones, pero cumplen con el fin de impactar, no de esclarecer. El daño principal que origina es, precisamente, la distorsión del criterio de su audiencia; induce a dar por real lo que él informa, quitando cualquier margen de investigación posterior. Si se comprueba la mentira de lo que él afirma, eso no altera el objetivo que se le dio, porque sucede fuera del ámbito de impacto (los medios de Clarín se esmeran en coordinar los silencios y los chillidos) y fuera del tiempo indicado para que sucediera (al día siguiente ya habrá otra noticia de la misma calaña).
Para que el mecanismo usado por Lanata funcione, requiere de una audiencia específica. Su cloaca teatral va dirigida a dos grupos: los que toman al pie de la letra los argumentos y los que al escucharlo escuchan lo que deseaban escuchar. El primer grupo acepta lo que se le dice y asume una posición acorde con lo que oye (se horroriza del supuesto desorden, de la supuesta corrupción, de las supuestas grandes canalladas gubernamentales) luego de recibir la información incuestionada; es el grupo en el que más daño hace; el segundo grupo tiene posición tomada antes de recibir la información, ésta le afirma sus convicciones y le alimenta el rencor. Al primer grupo lo adoctrina; al segundo, lo halaga. El método lanatiano posee una ventaja en sí mismo: puede tirar sobre la mesa cualquier afirmación, por absurda que sea. Así, por ejemplo, que el Vicepresidente de la República se habría comprado un traje de cuatrocientos mil pesos a fin de asistir a la coronación de los nuevos reyes de Holanda (¿qué traje vale cuatrocientos mil pesos en este año 2013? ¿Tiene hilos de oro y botones de diamantes? ¡Un poco pesado y ridículo!); o que la ex secretaria de Néstor Kirchner afirmó haber oído hablar de idas de funcionarios desde la Casa de Gobierno a la Residencia Presidencial de Olivos, cargados con bolsos de dinero (¡en la era de las transferencias electrónicas, suena a serie de la década de los ’60!); o que en la casa particular de la Presidenta Cristina Fernández habría una bóveda secreta en donde se guardarían millones de euros, dólares y quién sabe cuántas monedas valiosas más (¡eso también es de serie mala y antigua, en una época con sistemas de cuentas cifradas en bancos extranjeros!);o anunciar, con cara fúnebre y música idem, una inminente irrupción del estado para acallarlo (y al no producirse, afirmar que los “periodistas libres” le torcieron el brazo al “totalitarismo”); o -¡la máxima!– que el dinero manejado en las supuestas transacciones de funcionarios corruptos ya no se cuenta, ¡se pesa! (como si un billete de dos pesos no tuviera el mismo gramaje que uno de cien); o insultar indirectamente al Presidente del Uruguay, diciendo que permite o –en el mejor de los casos– ignora la incontrolable fluencia de millones de dólares a su territorio de parte de los funcionarios argentinos.
Hay que reconocer que Jorge Lanata, a través de su programa televisivo, cumplió finalmente con el sueño que sus berrinches con colegas de cámara o micrófono y sus paquidérmicos bailes sobre el escenario del teatro Maipo delataron: ser una completa vedette. Amén de los imaginables buenos ingresos, el hecho de que una masa de espectadores aguarde sus insultos y sus acusaciones ha de proporcionarle un bienestar concreto. Pero es sabido que las vedettes a menudo llegan a serlo a cambio de ciertas concesiones. Lanata, evidentemente, concedió la ética. Eso que se mueve ante las cámaras, eso que abre la boca para zezear escatologías, no es un periodista, ni siquiera un mal publicista; es un actor de varieté, ajeno a cualquier noción de respeto o de lealtad a lo que no sea el origen de sus ingresos. Su futuro, en cuanto hombre de los medios, queda preso de esta figura agresiva, prepotente y burlona.
Y el análisis del trabajo de Lanata no debe quedar en la anécdota que él mismo proporciona, sino trascender a un contexto más amplio. La última elección venezolana en donde Hugo Chávez fue candidato –enfermo, ausente, o quizá más presente que nunca– reveló una arista nada bufonesca en las idas y venidas del grueso animador argentino. Su comedia de la detención al entrar en Venezuela (provocó un incidente con las fuerzas de seguridad y se hizo demorar), con el eco previsible en los medios clarinistas argentinos y derechistas de toda América, permitió comprobar que es una herramienta de la selecta casta interamericana de los empresarios manejadores de información, ese grupo funcional a la alta política estadounidense, que se encarga de disciplinar a América Latina para que siga siendo el manso patio trasero de la potencia norteña.
A Lanata no le toca ser, a ese nivel, un vocero tan prestigioso como Mario Vargas Llosa o como José María Aznar; no le alcanza ni la preparación ni el talento; se le asigna el papel de segundón. Pero no es menos peligroso en dicho lugar. Al tener el respaldo de semejante red, el daño que hace adquiere otro volumen, sus espaldas tienen otros cuidadores. La contraofensiva de Estados Unidos para anular la rebeldía de la Unasur, del Alba, del Mercosur y de cuantos intentos surjan en el mismo derrotero, ya se inició. Como sucediera en la década de los ’70, el argumento es la defensa de la “libertad de expresión”, el peligro de los gobiernos “populistas”, la “corrupción”, la “inseguridad”. Los Lanatas se encargan del trabajo chico de piqueta en sus respectivos países; hay que sembrar el miedo, la zozobra, la sensación caótica. Del río revuelto siempre los pescadores sacan ganancias, y la primera es que una sociedad atiborrada de angustia acepta cualquier cadena, siempre que le dé la ficción de tranquilidad.
Juan José Oppizzi es escritor argentino.

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