Claridad (Puerto Rico)
Durante las últimas
semanas se ha estado discutiendo en los medios del país la cruzada
anexionista del Comisionado Residente (debería denominarse visitante)
Pedro Pierluisi, en el Congreso de Estados Unidos (EE.UU.). Aunque
algunos lo aplaudan, un gran sector de los portavoces del anexionismo ha
criticado duramente esta iniciativa. En fin, la discusión podría
traducirse en una lucha de poder entre aquellos que apoyan al hijo del
ex gobernador Pedro Rosselló González –Ricky- como próximo candidato del
PNP para la gobernación de la colonia y por otra parte, las
aspiraciones del “Comisionado Visitante”. Ambos bandos reclaman un
derecho a la igualdad que no existe, tomando como punta de lanza el
“plebimito” (Ana Lydia Vega) de noviembre de 2012.
Digo que no existe ese tan aclamado derecho a la igualdad, ya que Puerto Rico es un Pueblo con derecho a la autodeterminación e independencia. Resulta entonces un tanto irónico que exista un partido político que luche por una alegada igualdad como una minoría más en el “melting pot” de la gran corporación americana, cuando el Derecho internacional nos reconoce como entidad jurídica con derecho a existir como Estado Soberano y el derecho a negociar nuestro futuro económico y político de tú a tú, en igualdad de condiciones, con las demás naciones del mundo. ¿Si somos un Pueblo con personalidad jurídica distinta a la de los EE.UU., porqué aspirar a que se nos trate como una minoría? ¿Podemos como Pueblo renunciar a un derecho inalienable como lo es el derecho a la autodeterminación e independencia?
Resulta evidente que el objetivo primordial de la colonia –preparar a ese pueblo para su sumisión, explotación y eventual anexión- parecería estarse consumando. No, la estadidad para Puerto Rico no es una alternativa descolonizadora. La estadidad es la consumación del colonialismo y resulta tan indigna como el proceso mismo que hemos vivido durante los últimos 115 años, bajo EE.UU. y 400 años previos bajo el dominio del Imperio Español.
Anexión versus integración
Al hablar de autodeterminación es indispensable definir conceptos como “soberanía”, nación, pueblo, autonomía, anexión versus integración, estadidad, entre otros.
Según expresado por el Lcdo. Carlos Ramos González, la soberanía “(del latín ‘supremus’ o supremacía) es el poder de la nación de decidir su dominio sin estar sometido a voluntad superior. Es guiarse interna y externamente atendiéndose sólo a limitaciones jurídicas impuestas por ella misma. La ‘soberanía’ es un concepto en sí mismo, es decir, no puede hablarse de ‘cuasisobernanía’ o ‘semisoberanía’ como no puede hablarse de un ‘casi circulo’ o ‘semicuadrado’. O se es soberano o no se es.” Es el derecho a tomar decisiones sin estar sometido a la voluntad o capricho de otro pueblo, estado o nación.
No cabe lugar a dudas de que Puerto Rico es una nación y que esa nacionalidad puertorriqueña ha sido reconocida desde tiempos de España y expresamente por EE.UU. en la Ley Foraker de 1900.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos no es otra cosa que el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, del derecho que tienen todas las naciones a ejercer su soberanía dentro de sus respectivos territorios sin injerencias extranjeras.
Este derecho nunca ha sido respetado en el caso de Puerto Rico aun cuando ya han transcurrido varias décadas proclamadas por las Naciones Unidas como Décadas de la Descolonización (1990-2000) (2000-2010).
Puerto Rico fue invadido por EE.UU. en el año 1898 y desde entonces se ha conculcado nuestra soberanía sin tan siquiera haberse provisto un mecanismo de consulta donde los puertorriqueños pudiéramos expresar nuestra última voluntad a través de un proceso justo y legítimo. Esto ha sido reconocido por la propia metrópoli a través de la Casa Blanca y por el Tribunal Supremo de EE.UU. desde los llamados “casos insulares”. Transcurridos más de 115 años de intentos de transculturación, de infringir el derecho internacional mediante la imposición de una economía parasitaria de dependencia total, de militarización de nuestro territorio, de represión y asesinatos políticos y el encarcelamiento de nuestros luchadores anticoloniales, no cabe ya la posibilidad de seguir engañándonos con la celebración de plebiscitos, como el de noviembre de 2012, para afirmar con euforia esquizofrénica que nos estamos descolonizando, cuando la realidad es que nos dirigimos al abismo de tomar decisiones con el estómago vacío y bajo el chantaje de las mal llamadas ayudas federales.
En palabras de la poetisa puertorriqueña Elsa Tió, la estadidad es para Puerto Rico la “Colonia Perpetua”. Esto nos lleva a discutir la prohibición contra la anexión como punta de lanza de nuestra descolonización y del pleno ejercicio de la soberanía de nuestro pueblo en una patria libre. Autodeterminación no es el derecho a escoger cualquier alternativa que se nos presente como si estuviéramos en un certamen de belleza. Autodeterminación es independencia. Soberanía es independencia. Y solo así nuestro pueblo tendrá la libertad de escoger la forma de gobierno que decida establecer en términos políticos, económicos, sociales y culturales, a través de un sistema democrático, sin interferencia extranjera. Esto dista mucho de lo ocurrido en 1950 y 1952 cuando se adoptó la Constitución del ELA bajo la influencia total del Congreso de Estados Unidos a través de un proceso electoral mediatizado, donde la independencia fue suprimida de la papeleta.
Soberanía no es sinónimo de autonomía. “La autonomía es el ejercicio de poderes o competencias que delega la autoridad soberana.” C. Ramos González.
Es menester aclarar que los mal llamados estados que componen los Estados Unidos no son estados “soberanos”. La confusión autoinducida del sector anexionista se sustrae de los trabajos de los “federalistas” –los padres de la patria estadounidense– quienes en un intento por detener el derramamiento de sangre provocado por la Guerra Civil, desarrollan el concepto de la soberanía de los estados federados, que no es más que un gran eufemismo para mantener satisfecho al sector de los confederados.
Esta mal llamada “soberanía” no existe en el derecho internacional. Dentro de Estados Unidos, esta “soberanía” ha sido devorada en la práctica por la Corte Suprema de ese país al aplicar la Cláusula de Comercio de la Constitución Federal y anular toda legislación estatal que entre en conflicto con legislación federal afectando directa o indirectamente el comercio interestatal en Estados Unidos. No se llamen a engaño. Los líderes anexionistas en Puerto Rico están conscientes de esta realidad, sobre todo si dicen ser abogados. Por tanto, cada vez que se le indica al Pueblo de Puerto Rico que nuestro pueblo adquirirá soberanía como estado de la federación y por ende se descolonizará, le mienten al país. El anexionismo es un movimiento altamente demagógico en Puerto Rico. No importa quién sea el líder, Ricky Rosselló o Pedro Pierluisi, la demagogia, el engaño y la farsa que se nos venden son exactamente las mismas.
Bajo el constitucionalismo norteamericano hay un solo soberano: el pueblo de los Estados Unidos. “La llamada Cláusula de Supremacía de la constitución federal pone de manifiesto que el pueblo de los Estados Unidos y no los estados individualmente, encarna la soberanía de esa nación.” C. Ramos González. Los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) han venido administrando los pueblos bajo su dominio a base de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal. [1]
No obstante, la aplicación discriminatoria y permanente de la Cláusula Territorial sobre los territorios de ultramar y sus respectivos habitantes viola normas imperativas del Derecho internacional público.
Dentro de este contexto, el derecho a la autodeterminación, comprendido en los Arts. 1 & 55, Cap. XI & XII de la Carta de la ONU así como en el Art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ha dejado de ser una mera aspiración política para convertirse en norma perentoria (Ius Cogen) del derecho internacional. Los EE.UU. tienen el deber ineludible de respetar la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico al amparo de este tratado internacional, ratificado en el año 1992 por dicho gobierno.
Además, La Convención Internacional para Eliminar Todas las Formas de Discrimen Racial (1965), ratificada también por los EE.UU. en el año 1994, invoca en su preámbulo y Art. 15 la observancia y respeto que merece la “Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a Todos los Pueblos y Países Coloniales” de 14 de diciembre de 1960 para todos los estados partes. Los movimientos de liberación nacional históricamente se han pronunciado a favor de la plena descolonización de nuestro pueblo a base de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, aún luego de aprobada la Constitución de 1952. El Comité Especial de los 24, por fundamentos trascendentales, así lo ha exigido en el contexto de nuestra descolonización, consciente del fraude perpetrado por EE.UU. para que se aprobara la Res. 748 (VIII) en el año 1953; Resolución con la cual se retiró el nombre de Puerto Rico de la lista de colonias de la organización.
El Gobierno de EE.UU., transcurridos más de 115 años de dominación colonial promoviendo nuestra transculturación sin éxito, tiene la obligación de descolonizar a Puerto Rico a través de la transferencia de todos los poderes soberanos a nuestro pueblo. Cualquier otra iniciativa conflige con las múltiples resoluciones del Comité de los 24 sobre Puerto Rico, emitidas desde el año 1972 hasta la última el pasado año (2012) reafirmando el derecho a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico a base de la res. 1514 (XV). Nuestra idiosincrasia y cultura es una caribeña y latinoamericana, distinta a la anglosajona, y por tanto nos cobija el derecho a la autodeterminación, presente desde la Carta de la Sociedad de Naciones y reafirmado en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia Sobre la Presencia Ilegal de Sudáfrica en Namibia. (1971). [2]
El caso de Namibia marca el rumbo que debe seguir el gobierno de Estados Unidos al transferir todos los poderes soberanos a nuestro pueblo. Allí, la Corte Internacional de Justicia indicó que no cabía la posibilidad de celebrar ningún plebiscito. Que el incumplimiento de Sudáfrica con su obligación de rendir informes bajo la Carta de la ONU hacía su presencia en Namibia una ilegal. Y que por tanto, procedía su salida inmediata del territorio.
Al igual que en Namibia, en Puerto Rico el gobierno de EE.UU. ha reconocido que lo ocurrido en 1953 fue un engaño a la comunidad internacional. Fue a base de ese engaño que E.UU. dejó de rendir sus informes ante la Asamblea General de la ONU. EE.UU., al igual que Sudáfrica, lleva violando sus obligaciones internacionales para con Puerto Rico desde el año 1953 (este año se cumplen 60 años) por cuanto procede que abandone el territorio ocupado ilegalmente. Anexión e integración no son sinónimos. La anexión está proscrita por el derecho internacional, mientras que la alternativa de integración se creó para reunificar antiguas colonias en África y Asia en sus fronteras territoriales originales ya que habían sido divididas por los poderes coloniales. La estadidad en el caso de Puerto Rico no es una alternativa de integración sino de anexión, y como tal debe ser rechazada con todas nuestras fuerzas. Sudáfrica es a Namibia, lo que EE.UU. es a Puerto Rico, PODER INVASOR, sin legitimidad alguna.
Es por ello que el Presidente Obama, antes de hablar de futuros plebiscitos, de haber intención genuina de reconocer nuestro derecho a la autodeterminación, debe empezar por excarcelar al compañero Oscar López Rivera. No existe proceso de descolonización legítimo que no incluya la desmilitarización y la excarcelación de los prisioneros políticos del pueblo en cuestión. Por ello, exigimos la liberación inmediata e incondicional de Oscar López Rivera.
Por último, nuestro pueblo debe mirar hacia el futuro y tratar de crear políticas de autosuficiencia energética y alimentaria que nos ayuden a crear los cimientos de una patria libre. Si bien es cierto que la condición política actual de Puerto Rico no puede figurar como alternativa descolonizadora, la anexión tampoco, ya que constituye la consumación del colonialismo. Es por ello que censuramos a todo aquél que hable de que en Puerto Rico existe un consenso descolonizador, formado entre independentistas y anexionistas. Un proceso plebiscitario bien estructurado podría resultar en la negación misma del derecho a la autodeterminación a través de la anexión, afectando adversamente los mejores intereses del pueblo en cuestión. Es por ello que no existe dicho consenso. Es como si a la altura del Siglo 21 nos planteáramos someter a votación si deseamos seguir siendo esclavos o en la alternativa cipayos o mayordomos del Amo.
En palabras de Juan Santiago Nieves, hermano, amigo y mentor, quien ya no se encuentra entre nosotros:
“En ningún caso puede el movimiento independentista puertorriqueño permitir que sea la metrópolis quien determine las reglas de juego y las condiciones bajo las cuales se dará nuestra lucha. Todos sabemos que en ese entre juego el escenario electoral es la ficha seleccionada de la inteligencia norteamericana. Circunscribir cuántos favorecen la esclavitud o el genocidio cultural. Por excepción, también se cuenta a los que quieren ser libres. Partiendo de este subterfugio, se desnaturaliza el problema de la ocupación ilegal de nuestro territorio y se garantiza la continuidad del régimen colonial. En esta monumental burla hasta que una mayoría no decrete que la presencia de EE.UU. es ilegal, no abandonarán nuestro territorio. ¡Fenomenal!”.
Autodeterminación nada tiene que ver con democracia o con elecciones. Es un paso antes de apoderamiento del Pueblo, para entonces decidir libremente, sin ingerencia extranjera, qué sistema de gobierno y estado de derecho se quiere establecer. El único consenso descolonizador es el de la soberanía. Seamos soberanistas, luchemos por la independencia y nuestro bienestar común sin ingerencias extranjeras.
Notas:
1. Efrén Rivera Ramos, The Legal Construction of American Colonialism: The Insular Cases (1901-1922). 65 Rev. Jur. U.P.R., Núm. 2, 1996.
2. Véase ICJ 1971, 16, at 56, citado en J.G. Starke, Introduction to International Law, Butterworths, Londres, 10th ed., pág. 169, nota # 14, 1989: "In this case the International Court of Justice reacted: ‘treating the people of the Mandated Territory of South West Africa as having a right to progress towards independence which had been violated by South Africa’s failure as Mandatory Power to comply with its obligations to submit to the supervision of United Nations organs. Moreover, the Court referred to the people as a ‘jural entity’ notwithstanding the pretentions of the Metropoli as the Sovereign".
Fermín L. Arraiza Navas es abogado con Maestría en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad de Lund, Instituto Raoul Wallenberg, Suecia.
Fuente: http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=D7CF70B9C747FE6A200C2E111BBF3ACF
Digo que no existe ese tan aclamado derecho a la igualdad, ya que Puerto Rico es un Pueblo con derecho a la autodeterminación e independencia. Resulta entonces un tanto irónico que exista un partido político que luche por una alegada igualdad como una minoría más en el “melting pot” de la gran corporación americana, cuando el Derecho internacional nos reconoce como entidad jurídica con derecho a existir como Estado Soberano y el derecho a negociar nuestro futuro económico y político de tú a tú, en igualdad de condiciones, con las demás naciones del mundo. ¿Si somos un Pueblo con personalidad jurídica distinta a la de los EE.UU., porqué aspirar a que se nos trate como una minoría? ¿Podemos como Pueblo renunciar a un derecho inalienable como lo es el derecho a la autodeterminación e independencia?
Resulta evidente que el objetivo primordial de la colonia –preparar a ese pueblo para su sumisión, explotación y eventual anexión- parecería estarse consumando. No, la estadidad para Puerto Rico no es una alternativa descolonizadora. La estadidad es la consumación del colonialismo y resulta tan indigna como el proceso mismo que hemos vivido durante los últimos 115 años, bajo EE.UU. y 400 años previos bajo el dominio del Imperio Español.
Anexión versus integración
Al hablar de autodeterminación es indispensable definir conceptos como “soberanía”, nación, pueblo, autonomía, anexión versus integración, estadidad, entre otros.
Según expresado por el Lcdo. Carlos Ramos González, la soberanía “(del latín ‘supremus’ o supremacía) es el poder de la nación de decidir su dominio sin estar sometido a voluntad superior. Es guiarse interna y externamente atendiéndose sólo a limitaciones jurídicas impuestas por ella misma. La ‘soberanía’ es un concepto en sí mismo, es decir, no puede hablarse de ‘cuasisobernanía’ o ‘semisoberanía’ como no puede hablarse de un ‘casi circulo’ o ‘semicuadrado’. O se es soberano o no se es.” Es el derecho a tomar decisiones sin estar sometido a la voluntad o capricho de otro pueblo, estado o nación.
No cabe lugar a dudas de que Puerto Rico es una nación y que esa nacionalidad puertorriqueña ha sido reconocida desde tiempos de España y expresamente por EE.UU. en la Ley Foraker de 1900.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos no es otra cosa que el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, del derecho que tienen todas las naciones a ejercer su soberanía dentro de sus respectivos territorios sin injerencias extranjeras.
Este derecho nunca ha sido respetado en el caso de Puerto Rico aun cuando ya han transcurrido varias décadas proclamadas por las Naciones Unidas como Décadas de la Descolonización (1990-2000) (2000-2010).
Puerto Rico fue invadido por EE.UU. en el año 1898 y desde entonces se ha conculcado nuestra soberanía sin tan siquiera haberse provisto un mecanismo de consulta donde los puertorriqueños pudiéramos expresar nuestra última voluntad a través de un proceso justo y legítimo. Esto ha sido reconocido por la propia metrópoli a través de la Casa Blanca y por el Tribunal Supremo de EE.UU. desde los llamados “casos insulares”. Transcurridos más de 115 años de intentos de transculturación, de infringir el derecho internacional mediante la imposición de una economía parasitaria de dependencia total, de militarización de nuestro territorio, de represión y asesinatos políticos y el encarcelamiento de nuestros luchadores anticoloniales, no cabe ya la posibilidad de seguir engañándonos con la celebración de plebiscitos, como el de noviembre de 2012, para afirmar con euforia esquizofrénica que nos estamos descolonizando, cuando la realidad es que nos dirigimos al abismo de tomar decisiones con el estómago vacío y bajo el chantaje de las mal llamadas ayudas federales.
En palabras de la poetisa puertorriqueña Elsa Tió, la estadidad es para Puerto Rico la “Colonia Perpetua”. Esto nos lleva a discutir la prohibición contra la anexión como punta de lanza de nuestra descolonización y del pleno ejercicio de la soberanía de nuestro pueblo en una patria libre. Autodeterminación no es el derecho a escoger cualquier alternativa que se nos presente como si estuviéramos en un certamen de belleza. Autodeterminación es independencia. Soberanía es independencia. Y solo así nuestro pueblo tendrá la libertad de escoger la forma de gobierno que decida establecer en términos políticos, económicos, sociales y culturales, a través de un sistema democrático, sin interferencia extranjera. Esto dista mucho de lo ocurrido en 1950 y 1952 cuando se adoptó la Constitución del ELA bajo la influencia total del Congreso de Estados Unidos a través de un proceso electoral mediatizado, donde la independencia fue suprimida de la papeleta.
Soberanía no es sinónimo de autonomía. “La autonomía es el ejercicio de poderes o competencias que delega la autoridad soberana.” C. Ramos González.
Es menester aclarar que los mal llamados estados que componen los Estados Unidos no son estados “soberanos”. La confusión autoinducida del sector anexionista se sustrae de los trabajos de los “federalistas” –los padres de la patria estadounidense– quienes en un intento por detener el derramamiento de sangre provocado por la Guerra Civil, desarrollan el concepto de la soberanía de los estados federados, que no es más que un gran eufemismo para mantener satisfecho al sector de los confederados.
Esta mal llamada “soberanía” no existe en el derecho internacional. Dentro de Estados Unidos, esta “soberanía” ha sido devorada en la práctica por la Corte Suprema de ese país al aplicar la Cláusula de Comercio de la Constitución Federal y anular toda legislación estatal que entre en conflicto con legislación federal afectando directa o indirectamente el comercio interestatal en Estados Unidos. No se llamen a engaño. Los líderes anexionistas en Puerto Rico están conscientes de esta realidad, sobre todo si dicen ser abogados. Por tanto, cada vez que se le indica al Pueblo de Puerto Rico que nuestro pueblo adquirirá soberanía como estado de la federación y por ende se descolonizará, le mienten al país. El anexionismo es un movimiento altamente demagógico en Puerto Rico. No importa quién sea el líder, Ricky Rosselló o Pedro Pierluisi, la demagogia, el engaño y la farsa que se nos venden son exactamente las mismas.
Bajo el constitucionalismo norteamericano hay un solo soberano: el pueblo de los Estados Unidos. “La llamada Cláusula de Supremacía de la constitución federal pone de manifiesto que el pueblo de los Estados Unidos y no los estados individualmente, encarna la soberanía de esa nación.” C. Ramos González. Los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) han venido administrando los pueblos bajo su dominio a base de la Cláusula Territorial de la Constitución Federal. [1]
No obstante, la aplicación discriminatoria y permanente de la Cláusula Territorial sobre los territorios de ultramar y sus respectivos habitantes viola normas imperativas del Derecho internacional público.
Dentro de este contexto, el derecho a la autodeterminación, comprendido en los Arts. 1 & 55, Cap. XI & XII de la Carta de la ONU así como en el Art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ha dejado de ser una mera aspiración política para convertirse en norma perentoria (Ius Cogen) del derecho internacional. Los EE.UU. tienen el deber ineludible de respetar la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico al amparo de este tratado internacional, ratificado en el año 1992 por dicho gobierno.
Además, La Convención Internacional para Eliminar Todas las Formas de Discrimen Racial (1965), ratificada también por los EE.UU. en el año 1994, invoca en su preámbulo y Art. 15 la observancia y respeto que merece la “Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a Todos los Pueblos y Países Coloniales” de 14 de diciembre de 1960 para todos los estados partes. Los movimientos de liberación nacional históricamente se han pronunciado a favor de la plena descolonización de nuestro pueblo a base de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, aún luego de aprobada la Constitución de 1952. El Comité Especial de los 24, por fundamentos trascendentales, así lo ha exigido en el contexto de nuestra descolonización, consciente del fraude perpetrado por EE.UU. para que se aprobara la Res. 748 (VIII) en el año 1953; Resolución con la cual se retiró el nombre de Puerto Rico de la lista de colonias de la organización.
El Gobierno de EE.UU., transcurridos más de 115 años de dominación colonial promoviendo nuestra transculturación sin éxito, tiene la obligación de descolonizar a Puerto Rico a través de la transferencia de todos los poderes soberanos a nuestro pueblo. Cualquier otra iniciativa conflige con las múltiples resoluciones del Comité de los 24 sobre Puerto Rico, emitidas desde el año 1972 hasta la última el pasado año (2012) reafirmando el derecho a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico a base de la res. 1514 (XV). Nuestra idiosincrasia y cultura es una caribeña y latinoamericana, distinta a la anglosajona, y por tanto nos cobija el derecho a la autodeterminación, presente desde la Carta de la Sociedad de Naciones y reafirmado en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia Sobre la Presencia Ilegal de Sudáfrica en Namibia. (1971). [2]
El caso de Namibia marca el rumbo que debe seguir el gobierno de Estados Unidos al transferir todos los poderes soberanos a nuestro pueblo. Allí, la Corte Internacional de Justicia indicó que no cabía la posibilidad de celebrar ningún plebiscito. Que el incumplimiento de Sudáfrica con su obligación de rendir informes bajo la Carta de la ONU hacía su presencia en Namibia una ilegal. Y que por tanto, procedía su salida inmediata del territorio.
Al igual que en Namibia, en Puerto Rico el gobierno de EE.UU. ha reconocido que lo ocurrido en 1953 fue un engaño a la comunidad internacional. Fue a base de ese engaño que E.UU. dejó de rendir sus informes ante la Asamblea General de la ONU. EE.UU., al igual que Sudáfrica, lleva violando sus obligaciones internacionales para con Puerto Rico desde el año 1953 (este año se cumplen 60 años) por cuanto procede que abandone el territorio ocupado ilegalmente. Anexión e integración no son sinónimos. La anexión está proscrita por el derecho internacional, mientras que la alternativa de integración se creó para reunificar antiguas colonias en África y Asia en sus fronteras territoriales originales ya que habían sido divididas por los poderes coloniales. La estadidad en el caso de Puerto Rico no es una alternativa de integración sino de anexión, y como tal debe ser rechazada con todas nuestras fuerzas. Sudáfrica es a Namibia, lo que EE.UU. es a Puerto Rico, PODER INVASOR, sin legitimidad alguna.
Es por ello que el Presidente Obama, antes de hablar de futuros plebiscitos, de haber intención genuina de reconocer nuestro derecho a la autodeterminación, debe empezar por excarcelar al compañero Oscar López Rivera. No existe proceso de descolonización legítimo que no incluya la desmilitarización y la excarcelación de los prisioneros políticos del pueblo en cuestión. Por ello, exigimos la liberación inmediata e incondicional de Oscar López Rivera.
Por último, nuestro pueblo debe mirar hacia el futuro y tratar de crear políticas de autosuficiencia energética y alimentaria que nos ayuden a crear los cimientos de una patria libre. Si bien es cierto que la condición política actual de Puerto Rico no puede figurar como alternativa descolonizadora, la anexión tampoco, ya que constituye la consumación del colonialismo. Es por ello que censuramos a todo aquél que hable de que en Puerto Rico existe un consenso descolonizador, formado entre independentistas y anexionistas. Un proceso plebiscitario bien estructurado podría resultar en la negación misma del derecho a la autodeterminación a través de la anexión, afectando adversamente los mejores intereses del pueblo en cuestión. Es por ello que no existe dicho consenso. Es como si a la altura del Siglo 21 nos planteáramos someter a votación si deseamos seguir siendo esclavos o en la alternativa cipayos o mayordomos del Amo.
En palabras de Juan Santiago Nieves, hermano, amigo y mentor, quien ya no se encuentra entre nosotros:
“En ningún caso puede el movimiento independentista puertorriqueño permitir que sea la metrópolis quien determine las reglas de juego y las condiciones bajo las cuales se dará nuestra lucha. Todos sabemos que en ese entre juego el escenario electoral es la ficha seleccionada de la inteligencia norteamericana. Circunscribir cuántos favorecen la esclavitud o el genocidio cultural. Por excepción, también se cuenta a los que quieren ser libres. Partiendo de este subterfugio, se desnaturaliza el problema de la ocupación ilegal de nuestro territorio y se garantiza la continuidad del régimen colonial. En esta monumental burla hasta que una mayoría no decrete que la presencia de EE.UU. es ilegal, no abandonarán nuestro territorio. ¡Fenomenal!”.
Autodeterminación nada tiene que ver con democracia o con elecciones. Es un paso antes de apoderamiento del Pueblo, para entonces decidir libremente, sin ingerencia extranjera, qué sistema de gobierno y estado de derecho se quiere establecer. El único consenso descolonizador es el de la soberanía. Seamos soberanistas, luchemos por la independencia y nuestro bienestar común sin ingerencias extranjeras.
Notas:
1. Efrén Rivera Ramos, The Legal Construction of American Colonialism: The Insular Cases (1901-1922). 65 Rev. Jur. U.P.R., Núm. 2, 1996.
2. Véase ICJ 1971, 16, at 56, citado en J.G. Starke, Introduction to International Law, Butterworths, Londres, 10th ed., pág. 169, nota # 14, 1989: "In this case the International Court of Justice reacted: ‘treating the people of the Mandated Territory of South West Africa as having a right to progress towards independence which had been violated by South Africa’s failure as Mandatory Power to comply with its obligations to submit to the supervision of United Nations organs. Moreover, the Court referred to the people as a ‘jural entity’ notwithstanding the pretentions of the Metropoli as the Sovereign".
Fermín L. Arraiza Navas es abogado con Maestría en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad de Lund, Instituto Raoul Wallenberg, Suecia.
Fuente: http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=D7CF70B9C747FE6A200C2E111BBF3ACF
En el mundo del imperialismo, el oligarca lacayo es el esclavo de mayor categoría.
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