Lo que nadie te contó sobre el espionaje electrónico en España

José María Lancho

internautas.org

Desde la Ley 34/2002 y hasta el monstruo regulatorio denominado Paquete Telecom, el gobierno español, junto con los demás gobiernos europeos, asumió el monopolio legal de ciertas tecnologías digitales que permiten, fuera de control judicial efectivo, niveles de vigilancia inéditos bajo el papel de imparciales protectores de la sociedad. Tras diez años de vigilancia al margen de la ciudadanía y del control judicial algunas conclusiones son posibles:
La deliberada y grave falta de explicación política a la ciudadanía y la ausencia de debate público de la situación.
La Ley 34/2002, a través de su artículo 12, posibilitó durante años a la Fiscalía el acceso masivo y a discreción a los datos vinculados a las comunicaciones electrónicas en España, para “su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional” En términos técnicos, vigilancia no es interceptación. La interceptación se practica en tiempo real, sobre el contenido de una comunicación concreta, mientras que la denominada vigilancia, al trabajar sobre metadatos, se hace a posteriori. Los metadatos quedan como huellas, registradas en las centrales de conmutación: todo un montón de eventos del mensaje salvo el mensaje mismo. Y este matiz, que simulan no entender muchos, incluso entre los que protestan, es fundamental pues mientras que la interceptación de las comunicaciones tiene algunas garantías judiciales, y está regulada, la vigilancia electrónica prácticamente carece de control en España.
Sabemos que todos los sistemas de conmutación tienen implementados elementos de red dedicados a la interceptación legal y a la vigilancia, puertas de acceso a los agentes autorizados por la autoridad pública. Las fuerzas de seguridad, para obtener una copia, pueden acceder tecnológicamente de manera directa (desde SITEL), sin tener que pedir a los responsables de las operadoras una autorización como podían hacer antes.
Vídeo Por su seguridad, le estamos grabando: SITEL lo sabe  

La Ley 34/2002, a través de su artículo 12, posibilitó durante años a la Fiscalía el acceso masivo y a discreción a los datos vinculados a las comunicaciones electrónicas en España, para “su utilización en el marco de una investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa nacional”, sin necesidad de autorización judicial. No era fácil que renunciase a ese recurso y efectivamente encontró una vía desde la legalidad o al menos desde la ambigüedad de leyes, hechas para no despertar debate: la propia Ley de Protección de Datos (art.11) y la ambigüedad de la Ley 25/2007 que confunde a los mismos jueces.
Los metadatos, fuera del artículo 18.3 de la Constitución
Para comprender el alcance del problema tenemos que saber que para la ley española (en concreto para el Tribunal Constitucional) los metadatos, referidos a los datos asociados a un mensaje, no forman parte del contenido material de una comunicación. Para entenderlo mejor: no forman parte del contenido del artículo 18.3 de la Constitución y por tanto, esos datos no están protegidos por el derecho al secreto de las comunicaciones. Esto es un disparate en sí mismo, pero seguro que hay buenos motivos políticos para que sea así en España.
La vigilancia electrónica, a pesar de ser crucial en la lucha contra el crimen, está al margen y no es parte de la regulación del procedimiento criminal en España Al no ser parte de la comunicación, no hay intervención propiamente dicha, y por tanto el artículo 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la intervención judicial de las comunicaciones, tampoco afecta o restringe la obtención de los metadatos. La vigilancia electrónica, a pesar de ser crucial en la lucha contra el crimen, está al margen y no es parte de la regulación del procedimiento criminal en España.
No obstante, los metadatos podrían ser protegidos por el derecho a la protección de datos de carácter personal. A las labores de vigilancia electrónica esto les viene exigido desde la Ley 25/2007 pero la interpretación que se hace es que se refiere exclusivamente a los datos que incluyen una identidad… ¿y si sólo se recogen datos que excluyen el nombre o identidad de las personas?, es decir todos los datos del tráfico salvo los nombres... Entonces no son datos de carácter personal.
Para la vigilancia eso no es un problema en sí mismo. Y es que los nombres y las identidades concretas no son necesarias, a priori, para sacar el jugo informático a los metadatos. Los mapas de interacciones y eventos nos proporcionan el esqueleto complejo, y con mucho detalle, de las dinámicas completas de una sociedad: las dinámicas ilegales y también las legítimas. Esto se puede hacer en España o fuera.
El uso de metadatos y el control social
El Consejo Fiscal, vista su posición en los escasos debates sobre la evolución legislativa de esta materia, está interpretando que esos metadatos que ni afectan al contenido secreto de lo comunicado (conforme al art. 18.3 CE), ni revelan la identidad de una persona son información a la que pueden acceder libremente.
Es muy difícil no encontrar relación entre el uso de este recurso tecnológico y la satisfacción de fines políticos y control social camuflados bajo la etiqueta de seguridad pública. Es imposible creer que la prueba reina y más frecuente en los procesos penales por delito en España sea el análisis de metadatos Según las estadísticas recogidas por la Comisión Europea en nuestro país se hicieron en 2008, 53.578 requerimientos o accesos a masas de metadatos, en 2009, fueron 70.000, en 2010, el año de la publicación del panfleto ¡Indignaos! por Stephane Hessel las cifras se dispararon a 345.772. Del 2011 y 2012, los años del 15 M, los datos no han sido proporcionados por el Gobierno español.
Es muy difícil no encontrar relación entre el uso de este recurso tecnológico y la satisfacción de fines políticos y control social camuflados bajo la etiqueta de seguridad pública. Es imposible creer que la prueba reina y más frecuente en los procesos penales por delito en España sea el análisis de metadatos. La conclusión de Hispalinux es que estas labores de vigilancia no son objeto de control judicial efectivo, ni se efectúan en el contexto de un procedimiento penal y que esto posibilita abusos, no directamente atribuibles a la agencias policiales ni a los fiscales, pero sí al poder político último que controla la fiscalía.

Las cosas no funcionan bien. La propia Comisión Europea se ha negado a divulgar sus dictámenes jurídicos sobre la legalidad de la retención de datos de las comunicaciones de ciudadanos no encausados: lo recoge la opinión Ares 828204 (2010), que la Comisión acordó mantener en secreto y que solo salió a la luz dos años después tras los requerimientos de los europarlamentarios. De hecho, a pesar de que la directiva 2006/24 exige de los Estados la remisión de estadísticas anuales, nuestro país ha preferido declinar esa obligación respecto a los datos posteriores a 2010.
Es urgente una regulación sobre la vigilancia
Hispalinux participa de la inquietud por combatir eficazmente delitos como la pederastia y el terrorismo, la corrupción política y el narcotráfico, comparte y respeta la labor y entrega de las Fuerzas de Seguridad -y desde luego, de la propia Fiscalía- implicadas en esa lucha, pero sabemos que todo esto será necesariamente estéril si a largo plazo ese recurso tecnológico, queda en las manos últimas de los gobiernos y la clase política, de aquellos que por su posición en nuestro orden social deben ser objeto, precisamente, del más extraordinario control. El análisis que permite el acceso a los metadatos de las comunicaciones de los ciudadanos de nuestro país produce un poder desequilibrador del sistema democrático.
Si la analítica de metadatos es necesaria para combatir a los criminales, nadie distinto que los jueces y el Poder Judicial independiente deberían tener control sobre los mismos y realizar análisis El papel de las operadoras es un riesgo añadido: antes se oponían radicalmente a esta tecnología porque todo esto les suponía un gasto enorme, pero los Gobiernos empezaron a compensarlas de distinta manera y hoy son fervientes defensoras de este sistema. No en vano están llenas de directivos que son políticos que han dejado su cargo público. Fábricas masivas de información social que realmente no controla nadie.
Si la analítica de metadatos es necesaria para combatir a los criminales, nadie distinto que los jueces y el Poder Judicial independiente deberían tener control sobre los mismos y realizar análisis. Es urgente regular la vigilancia electrónica sobre los metadatos de las telecomunicaciones, y redirigirla al procedimiento penal, porque por muchos años estamos llegando tarde a contrapesar este quinto poder, el control social masivo con base informática.
José María Lancho es abogado y presidente de Hispalinux

Fuente: http://www.internautas.org/html/7921.html

Ataque de matones y represión de policías en córdoba Monsanto contamina el medio ambiente y también la democracia

Emilio Marín

La Arena

La última noticia relacionada con Monsanto procedió de Córdoba. Ocurrió este jueves 28, en la planta de tratamiento de semillas que la multinacional viene construyendo sin contar con el previo informe de impacto ambiental requerido por la ley de ambiente.
A las 8 de la mañana, 60 matones traídos por la UOCRA en dos colectivos y vehículos, atacó sin previo aviso a los vecinos y ambientalistas en su campamento de protesta. Las carpas están desde el 17 de setiembre pasado, cuando comenzó el acampe, motorizado por la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida”. Jóvenes de ambos sexos y vecinos fueron golpeados con palos y piedras por la patota. La agresión tenía un objetivo preciso: que 7 camiones llegados desde la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires, pudieran ingresar y descargar su material.
Hubo 20 heridos, a pesar que en el sitio estaban diez policías como custodia preventiva. Los uniformados no hicieron nada para impedir la agresión ni para separar a los violentos. Peor aún, tres horas más tarde, cuando habían recibido refuerzos de la Guardia de Infantería, en vez de antender los reclamos de los manifestantes, los reprimieron con balas de goma.
Los heridos fueron a declarar ante la fiscalía de Víctor Chiapero, quien dijo estar tratando de identificar a los intervinientes. Menuda tarea, aunque el fotógrafo Andrés Baissero, de Ecos Córdoba, le dio una interesante punta: uno de los vehículos que trasladó a la patota es una Iveco placa DZZ 611, con patente oficial del gobierno de Córdoba. Las fotos circularon por las redes sociales y fueron publicadas por La Mañana de Córdoba en su edición de ayer. Son seis fotografías y recién en las dos últimas el chofer logra pararse al frente de la unidad con la vana intención de tapar la patente.
Entre las heridas estuvo Sofía Gatica, emblemática integrante de Madres de Barrio Ituzaingó, que el año pasado logró llevar a juicio el primer caso de contaminación por fumigación de los sojeros de los suburbios. Ella fue golpeada en setiembre en el acampe y ayer nuevamente, siendo internada en el Hospital de Urgencias. En los días previos fue amenazada en un colectivo y luego golpeada por dos personas a la salida del trabajo. ¿Hay que ser mal pensados para sospechar que Monsanto movió los hilos de la UOCRA y represión policial?
Con gobiernos de turno
La multinacional con sede en Missouri, Estados Unidos, detenta una posición hegemónica en semillas transgénicas de soja y maíz. Logró tal hegemonía con una política comercial de anchas espaldas financieras y mucho apoyo de diversos gobiernos.
Su táctica sudamericana fue vender “libremente” las semillas, atadas al glifosato y todo un paquete tecnológico, para ir ganando mercados. Su estrella de esos años fue la RR Round Up, autorizada en los años '90 por Carlos Menem y especialmente su secretario de Agricultura, Felipe Solá (que luego recaló en el duhaldismo, el kirchnerismo y actualmente en el massismo).
Una vez que copó la parada, desde 2012, Monsanto hace firmar a los productores un contrato por el que los obliga a pagar regalías, a no utilizar semillas para la resiembra y a permitirle a la firma fiscalizar su uso. Según su propaganda, la apretada le ha reportado el “acuerdo” del 80 por ciento de sus clientes. Por las dudas, con el auspicio del último ministro del área, Norberto Yauhar, la multinacional impulsó un proyecto de ley de semillas que asegurará su negocio y el de otras multinacionales como Syngenta, Bayer, etc.
Lo bueno es que ese riesgo mortal para miles de pequeños propietarios rurales y pueblos originarios ha despertado la oposición de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Córdoba y otras entidades que defienden al verdadero “campo”.
Monsanto no descansa. En el suplemento de La Voz del Interior (6/9) hacía la propaganda a toda página de su novedad en semilla. En medio de la publicidad, una línea aclaraba lo obvio: “Para acceder a los beneficios de Intacta RR2 PRO deberás suscribir una licencia de uso con Monsanto”.
La justicia también...
El gobernador José M. de la Sota hace todo lo posible para concretar la polémica fábrica de Monsanto en Malvinas, a 16 km de la capital cordobesa, en un predio de 27 hectáreas contiguo a barrios y escuelas de esa localidad. Esto último fue denunciado desde el comienzo por los vecinos y las entidades ambientalistas que los apoyan, caso de “Médicos de Pueblos Fumigados” del médico Medardo Ávila Vázquez (querellante en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó), la fundación FUNAM del biólogo Raúl Montenegro y el Club del Derecho del abogado Federico Macciochi. Este espectro funciona y apoya a la “Asamblea Malvinas lucha por la Vida” donde hay varios referentes, entre ellos Gastón Mazzallay y la propia Gatica.
El anuncio sobre la “inversión” la dio, muy contenta, Cristina Fernández de Kirchner en junio de 2011 en su comparendo ante el Council of Americas reunido en Nueva York, con su anfitriona, la banquera Susan Segal. La presidenta manifestó que Monsanto ya había impreso un folleto y “cuando eso sucede -dijo- es porque la inversión ya está asegurada”.
Su adversario De la Sota también festejó la novedad. Y último en la cadena de mandos políticos, se sumó el intendente radical de Malvinas, Daniel Arzani.
Este terceto, en especial el dúo que vive en Córdoba (gobernador e intendente), se ha negado a dos de las peticiones de los manifestantes y ambientalistas: realizar una audiencia pública para escuchar las razones y sinrazones de las partes; y proceder a una consulta popular de la población de Malvinas, para saber si ésta está de acuerdo o no con la polémica instalación.
Supuestamente las ventajas de la inversión, por sus efectos económicos y puestos de trabajo, serían tantas e inobjetables, que el intendente y el gobernador no deberían tener ningún problema en ganar por goleada la votación. Sin embargo la niegan.
La corporación de Missouri ha colonizado la justicia mediterránea. Todos los recursos presentados por el abogado Macciochi han sido rechazados: ni audiencia pública, ni consulta popular ni informe de impacto ambiental previo a las obras.
La jueza Graciela Escudero de Fernández y luego el Tribunal Superior de Justicia (de Injusticia, se ironiza), fallaron en un sentido supuestamente salomónico: autorizaron el avance de las obras, pero dijeron que luego no se puede operar si no está el informe ambiental.
Contamina la democracia
Es obvio que hay una trampa. Nadie va a comprar un predio de tantas hectáreas y hacer una inversión millonaria, si no tiene asegurado que lo van a dejar producir. Y la inversión cordobesa produciría 60.000 toneladas de granos de maíz al año, habiendo sido presentada como la más grande en su tipo a nivel internacional de la compañía. Esas obras no se encaran si no hay suficientes garantías gubernamentales y judiciales.
En cambio donde a la firma no le ha ido bien fue en Río Cuarto. El intendente radical Juan Jure, con el apoyo de la Universidad Nacional, y la oposición de la Sociedad Rural y el Centro Empresario, resolvió rechazar la instalación de Monsanto. Lo hizo basándose en la evaluación de impacto ambiental de la Dirección de Zoonosis y Ambiente del Entre Descentralizado de Control Municipal y el dictamen jurídico de la Fiscalía Municipal.
En esa importante ciudad del sur provincial, la multinacional y su asociada Bio4, que ya está radicada en el Parque Industrial, tenían pensado instalar un centro de investigación y mejoramiento de variedades de soja e híbridos de maíz, con depósito de agroquímicos, según informó la Revista El Sur, n° 93, noviembre 2013 (“El rastro de Monsanto”).
Muy buen dato que Jure cerrara las puertas a la empresa sindicada como gran envenenadora mundial, por más que sus directivos sigan ganando premios internacionales. Robert Fraley, director de Tecnología de Monsanto, al recibir en octubre pasado el Premio Mundial de Alimentación 2013, aseguró que “treinta años de investigación han validado la seguridad de los productos biotecnológicos” (Infocampo, 1/9).
El vocero de la compañía en Córdoba, Adrián Vilaplana, en declaraciones a los medios volvió a negar de plano la consulta popular con el falaz argumento de que la sociedad necesita información y no política. Como si su información y su política empresaria no estuvieran contaminadas no sólo con glifosato sino también, y sobre todo, por bacterias antidemocráticas. Negar la votación, tildar de violentos a los asambleístas, concertar la patoteada con la UOCRA para que los camiones de la empresa pudieran ingresar, presionar a la justicia, concertar con medios monopólicos locales una versión edulcorada y casi “verde” de Monsanto, es afectar la democracia.
El cronista la corta aquí. Se tiene que ir a ver “El mundo según Monsanto”, de la francesa Marie-Monique Robin, película con la que hoy cierra el ciclo de cine “El ojo crítico” que se desarrolla en el gremio de Judiciales de Córdoba.

Fuente original: http://www.laarena.com.ar/opinion-monsanto_contamina_el_medio_ambiente_y_tambien_la_democracia-105954-111.html

Petróleo Atraco y avalancha anti-frack

John Saxe-Fernández

La Jornada

El diputado texano Michael McCaul, republicano entusiasta de los subsidios, la desregulación y la apertura de tierras públicas, todo a favor de la industria del gas y del petróleo, opositor de energías renovables como la solar y de las reformas migratorias, vino a apoyar, junto al diseño geopolítico de Washington para América del Norte, el atraco petrolero de Wall Street y las grandes petroleras articulado por EPN. Presidente del House Committee on Homeland Security (Comité de Seguridad del Suelo Patrio de la Cámara Baja), McCaul dijo que el grupo que encabezó en la interparlamentaria de la semana pasada, está por la independencia y seguridad energética en EU y por los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos y que “México tiene tremendos recursos, todos los recursos shale (gas) en la parte norte de México y todo esto puede tener un efecto positivo” (La Jornada, 23/11/13). No aclaró para quién todo esto es positivo porque su misión fue encubrir bajo la seguridad energética de América del Norte la incautación de la renta petrolera mexicana a favor de las Exxon/Chevron de allá y de una codiciosa camarilla de acá. El asalto a la nación es tan vasto, sus efectos fiscales e impositivos tan profundos, que requiere de firmas bancarias e inversión too big to fail –como las impolutas Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, etcétera– y de la creación de más espacios de desregulación, opacidad y discrecionalidad, para articular otro festín privatizador que esta vez hace añicos la soberanía y debilita todavía más la ya precaria base económica de la estabilidad y paz social al conjuntar mecanismos de facto de represión antipopular y antinacional (Iniciativa Mérida/contrainsurgencia) con el fomento del shale y de la fractura hidráulica o frack que inflige a México una vorágine de perforación vertical/horizontal que acarrea gran devastación sobre la salud de la población, de la biota, las cuencas hídricas, el territorio y la atmósfera. (detalles)
Aunque a cargo del Comité de seguridad del suelo patrio no se oyó de McCaul y su comitiva ni una palabra sobre la marea social contra el frack en EU. De California a Nueva York y de Illinois hasta Texas, ya son 400 las entidades que promueven o han formalizado la suspensión, moratoria y/o prohibición del frack. Es una avalancha que crece entre legislaturas de estados, condados, ciudades y consejos de ciudad, de distrito, comunales, vecinales: Nueva York, Detroit, Princeton, Buffalo, Pittsburg etc., (ver foodandwaterwatch.org). Fue un silencio sonoro porque desde hace tiempo la cúpula petrolera, desde Houston, difunde, más que alarma, pánico, ante el creciente rechazo social al desastre médico y ambiental de la explotación del gas y petróleo de lutitas (shale). A tal punto llega la inquietud de los que plantean trasladar el desastre –y el negocio– al sur del Bravo, que ven a la protesta como una insurgencia ante la cual procede, como en la periferia, el uso de la represión y el manejo militar.
Recuérdese que eso se ventiló en una junta privada justo en Houston, Texas, tierra natal del diputado McCaul. El uso de tácticas y personal militar en comunidades de EU, aunque ilegal, se generaliza como lo indica la acumulación de tags en línea sobre el tema. Las observaciones del gerente de una petrolera son reveladoras y concisas por lo que se refiere a la actitud de la cúpula del ramo y sus voceros. Un funcionario de Kellog Brown and Root, ex subsidiaria de Halliburton, que según Los Angeles Times (4/7/07) en algún momento estuvo a cargo del manejo de 15 mil mercenarios desplegados en Irak y ahora se encarga de la comunicación social de una conocida firma shale, recomendó a los gerentes de la industria, que bajen el Manual de Contrainsurgencia del Cuerpo de Marinos/Ejército de EU porque contiene gran cantidad de lecciones. Les aconsejó tomar un curso ofrecido por Harvard y el MIT dos veces al año, sobre El Manejo de un público enojado (Dealing with an angry Public). Tomen ese curso y vinculenlo al Manual de Campo en Contrainsurgencia...muchos de nuestros gerentes están tomando ese curso... Les ofrece las herramientas en los medios de comunicación y cómo lidiar con tanta controversia como la que nosotros, como industria tenemos que enfrentar...Consigan el Manual Rumsfeld. Todos Uds están familiarizados con Donald Rumsfeld. Es mi Biblia.
La cúpula de la industria del gas y petróleo sabe, por sus propias evaluaciones y estudios internos, lo riesgoso y hambriento de territorio que es la explotación shale. Van a países donde las leyes y el estado de derecho son frágiles y pueden, bajo amparo del Pentágono, hacer sus atracos y desastres ambientales junto a sus alcahuetes locales. Conocen lo devastador que es el frack para la vida, el agua y el medio ambiente. Y porque la resistencia civil al frack en Estados Unidos, crece día a día.
jsaxef.blogspot.com
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/11/28/opinion/030a1eco

La respuesta tecnológica de Brasil al espionaje de Estados Unidos

Sergio Figueroa

Diario Turing

El Parlamento brasileño está a punto de crear un marco regulatorio de internet con el que pretende, entre otras cosas, protegerse del espionaje internacional. Allí el debate no es nuevo, comenzó hace más de cuatro años y solo ahora los políticos se vuelcan en lograr su aprobación con más medidas concretas y más polémicas que cuando fue desarrollado.
Al menos eso espera la presidenta, Dilma Rousseff. A pesar de que ha sido ahora cuando ha saltado a la agenda política internacional, la propuesta llamada Marco Civil da Internet lleva más de dos años a la espera de una votación que nunca llega. El impacto del escándalo internacional ha conducido al Gobierno a reformular el texto con cambios de última hora relacionados con medidas tecnológicas y no sólo de regulación política.
Neutralidad de la red, cable e email propio y servidores en territorio nacional

“La libertad de expresión, la privacidad de los individuos y el respeto por los derechos humanos; gobernanza abierta, multilateral y democrática; universalidad que asegure el desarrollo social y humano y la construcción de una sociedad inclusiva y no discriminatoria; diversidad cultural, sin la imposición de creencias, costumbres y valores; y neutralidad de la red, guiada solo por criterios técnicos y éticos, fijando como inadmisible restringirlo por aspectos políticos, comerciales o religiosos”.

Es parte del discurso de Rousseff en la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 24 de septiembre y resume los principios de la legislación que se trata de aprobar. Si finalmente sigue esos patrones, el marco va a establecer internet como un derecho fundamental y a asegurar la neutralidad de la red, o lo que es lo mismo, impedir que las compañías discriminen entre usuarios por el tipo de contenido al que acceden.
Desde el punto de vista técnico, el Partido dos Trabalhadores (PT) maneja la propuesta de construir cable submarino entre Brasil y Europa y entre los países suramericanos, ya que la mayor parte de sus conexiones actualmente pasan por Estados Unidos.
Para solucionar el espionaje al correo electrónico, el Gobierno ha encargado el desarrollo de un servicio de email brasileño con su propio sistema de cifrado. Su idea es sustituir a los grandes proveedores, Gmail, Outook y Yahoo!, que, como empresas estadounidenses, deben abrir sus candados cada vez que un juez se lo solicita. En el Marco Cívico da Internet, queda reconocida la inviolabilidad de las comunicaciones y se reserva al Poder Judicial la capacidad de cerrar páginas webs por contenido.
Mapa mundial del cable submarino de fibra óptica.
Por último, la medida que más tarde ha llegado a la propuesta y que más ruido está generando: exigir a las compañías que almacenen la información de los usuarios brasileños en centros de datos ubicados en el propio país.
El objetivo es someter a empresas como Google o Facebook a la legislación brasileña y evitar que la decisión sobre el acceso de las agencias como la NSA a los datos quede en manos de la Justicia estadounidense, o impedir que puedan entrar por la supuesta puerta trasera de acceso a datos que las multinacionales siguen negando, pese a las evidencias publicadas por The Guardian y The Washington Post.
Ha recibido dos grandes críticas, una cívica y otra empresarial. Son muchos los colectivos que han aplaudido la declaración de Rousseff, pero al mismo tiempo hay recelos sobre la medida porque “puede funcionar como una barrera a la libertad de circulación de la información online, y no tiene por qué mantener necesariamente la información de los brasileños lejos de las manos del alcance la NSA”, en palabras de Emma Llansó, directora del proyecto de libertad de expresión del Center for Democracy and Technology.
Llansó pone en duda también la concepción de gobernanza multilateral con Naciones Unidas como “pilar central” que explicó la presidenta brasileña, ya que el internet libre que persiguen este tipo de organismos no se consigue pasando de la dependencia de un Gobierno al de varios ejecutivos o instituciones internacionales, sino con la descentralización.
Por otro lado, se critica el coste y el alcance de esta decisión. No sólo por cómo se podría aplicar a pequeñas compañías sin capacidad para establecerse en Brasil, sino también por la reacción de los gigantes ante el coste de construir centros de datos en un país tropical.
Google ha dicho que sería complicado desarrollar esta infraestructura, según recoge Bloomberg, y su responsable en el país latinoamericano pinta un panorama de retroceso en los servicios para los brasileños, sin acceso a las últimas novedades. No dice, sin embargo, el beneficio que obtiene en un país que es el tercero en número de terminales Android y el quinto en visitas a YouTube, según datos de comScore citados en el mismo artículo. Otras voces claman que este marco podría fomentar la creación de empresas tecnológicas locales que ocupasen los huecos dejados.
Programa PRISM de espionaje fuera de Estados Unidos.
Marco Civil da Internet, una vieja propuesta En realidad, el Ejecutivo de Rousseff no ha tenido que buscar mucho para encontrar una propuesta que encajar sobre independencia tecnológica en esta revuelta contra Estados Unidos. Desde 2009, el Ministerio de Justicia tiene sobre su mesa una propuesta llamada Marco Civil da Internet, rebautizada como la Constitución de Internet para Brasil.
Este marco regulador fue ideado para garantizar un uso generalizado de internet en el país con respeto a los principios de la neutralidad de la red, libertad de expresión y privacidad del usuario. También apuesta por el gobierno abierto, una forma de entender la red que se ha aplicado a su propia creación. El Marco Civil, impulsado por la Fundación Getulio Vargas, contó con más de 2.000 enmiendas propuestas por la ciudadanía en foros de debate y a través de la red.
Desde agosto de 2011, la propuesta está esperando a ser votada por el Parlamento, con sucesivos retrasos explicados por la búsqueda de consenso. Algunos de sus primeros impulsores han denunciado que las enmiendas han desnaturalizado el texto original, como así lo hacía ya en 2012 uno de los expertos implicados en el proyecto, Carlos Alfonso, director del Instituto NUPEF. Las quejas se centran en la cesión de derechos a las compañías telefónicas, que exigen poder controlar el tipo de tráfico.
Tras la filtración de Snowden, Rousseff pidió al Parlamento votar de urgencia el texto, pero la falta de acuerdo sigue retrasando su presentación. La última vez, el 12 de noviembre, cuando el PT decidió volver a recular porque “hay divergencias en la base, en las bancadas y también en la oposición”, explicaba el diputado del PT Arlindo Chinaglia para Journal do Brasil. Las negociaciones continúan a la espera de una nueva fecha.
De Brasil a las Naciones Unidas, porque el objetivo de la presidenta es ofrecer esta medida como ejemplo al resto del mundo. De hecho, ya está organizando con la colaboración de la ICANN una conferencia internacional sobre gobernanza de internet para los días 23 y 24 de abril en São Paulo. Para entonces, el Marco Civil da Internet ya debería haber pasado por el Parlamento brasileño y se conocerá el alcance total de las medidas antiespionaje.

Fuente: http://www.eldiario.es/turing/vigilancia_y_privacidad/respuesta-tecnologica-Brasil-espionaje-Unidos_0_200530636.html

Por qué los agricultores africanos no quieren transgénicos

Million Belay y Bern Guri

Truthout

Traducido del ingles para Rebelión por Atenea Acevedo

Las voces de las corporaciones y sus aliados están haciendo un llamado a la promoción de las semillas transgénicas (y las modificaciones necesarias a las leyes africanas a fin de permitir su propagación) como solución a la baja producción de alimentos y al hambre en África. El Premio Mundial de la Alimentación fue otorgado en octubre pasado a tres científicos, dos de ellos pertenecientes a los gigantes de la agroindustria Monsanto y Syngenta, por sus avances en el desarrollo de organismos genéticamente modificados. Recientemente los editores del Washington Post pidieron “dar una oportunidad a los cultivos transgénicos” en África y plantearon un debate abierto. La Alianza por la Soberanía Alimentaria en África, una red de pequeños agricultores, ganaderos nómadas, cazadores-recolectores, indígenas, ciudadanos y ambientalistas africanos, acepta gustosa la invitación al debate y hace oír las voces de los agricultores africanos.
Promover los transgénicos como solución denota la falta de respeto por la cultura africana y ofende nuestra inteligencia, pues la idea parte de nociones sumamente superficiales de la agricultura de nuestro continente: se basa en la imagen popular entre muchos occidentales que ven un África pobre, indigente, hambrienta, plagada de enfermedades, desahuciada e inerme, necesitada de la salvación de un ángel blanco y occidental. Es la misma imagen esgrimida por los colonialistas para racionalizar sus desmanes en África, la misma imagen esgrimida hoy por los neocolonialistas para racionalizar sus tropelías en pos de las tierras y los recursos naturales africanos.
Quienes promueven la falsa solución de los transgénicos recomiendan a los agricultores africanos el desarrollo de un ciclo de dependencia de largo plazo, tal vez irreversible, de los intereses de un pequeño puñado de tomadores de decisiones dentro de las corporaciones, quienes definirían qué semillas, con qué características genéticas y necesitadas de qué insumos químicos se producirían y pondrían a disposición de los pueblos africanos. Es el camino hacia una profunda vulnerabilidad y centralización de la toma de decisiones que se contrapone a las buenas prácticas agrícolas y a la sólida formulación de políticas públicas. Tanto las evidencias como nuestras experiencias con los agricultores apuntan claramente hacia un camino más racional y adecuado: invertir en una transición a sistemas agropecuarios más sustentables y agroecológicos que confíen en la sabiduría y la capacidad de decenas de millones de agricultores africanos para tomar decisiones, controlar y adaptar sus recursos genéticos como vía para fomentar un mayor bienestar y capacidad de resiliencia en África.
¿Qué ha sucedido tras 20 años de cultivos transgénicos en Estados Unidos? Los agricultores que se dedicaron a cultivar organismos genéticamente modificados con tolerancia a los herbicidas hoy lidian con el costo de combatir las malas hierbas resistentes a los herbicidas. Se calcula que 49% de las granjas estadounidenses sufren de malas hierbas resistentes al herbicida Roundup, es decir, 50% más que el año pasado. En consecuencia, desde 1996 se ha registrado un desproporcionado incremento en el uso de herbicidas: más de 225 millones de kilogramos en Estados Unidos. Mientras tanto, los agricultores que se dedicaron al cultivo de transgénicos resistentes a los pesticidas lidian con el costo de las plagas secundarias, inmunes gracias a las toxinas integradas. En China y la India los ahorros iniciales por el menor uso de insecticida en el algodón Bt se hicieron polvo con el surgimiento de las plagas secundarias.
Según el Centro Africano de Bioseguridad, en Sudáfrica el maíz de un solo gen Bt (diseñado para producir toxinas pesticidas) ha desarrollado una resistencia tan completa en los insectos que tuvo que ser retirado del mercado. En temporadas pasadas el fracaso generalizado del producto causó que se compensara a los agricultores por rociar insecticidas sobre sus cultivos a fin de evitar pérdidas económicas. Esta fallida tecnología será ahora introducida a otros países africanos con los auspicios del proyecto Maíz Hidroeficiente para África que promueven conjuntamente Monsanto y la Fundación Gates.
India acaba de establecer una moratoria de 10 años que impide la plantación de su primer cultivo transgénico con fines alimentarios. México ha prohibido el cultivo de maíz transgénico, Perú ha establecido una moratoria de 10 años que impide la importación y el cultivo de semillas transgénicas, y Bolivia se ha comprometido a abandonar el cultivo de todos los transgénicos para 2015. El año pasado China anunció su deslinde de la generalizada adopción de transgénicos por lo menos en los próximos cinco años para favorecer el desarrollo de cultivos no transgénicos de alta productividad y más sustentables. Prácticamente en todas partes los consumidores se muestran hostiles a los transgénicos.
Los autores de la edición 2013 del informe sobre comercio y medio ambiente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, titulado “Actuar antes de que sea demasiado tarde: hacer que la agricultura sea verdaderamente sostenible en aras de la seguridad alimentaria en un clima cambiante”, recomiendan “un rápido y significativo viraje de la producción industrial convencional, de monocultivo y sumamente dependiente de insumos externos a mosaicos de sistemas de producción regenerativa y sostenible que además mejoren considerablemente la productividad de los pequeños agricultores y fomenten el desarrollo rural” si queremos prepararnos para los desafíos que nos depara el futuro.
Los cultivos transgénicos no tienen nada que ver con el fin del hambre en el mundo, no importa cuánto disfruten los portavoces de la industria de los organismos genéticamente modificados explayarse cada vez que hablan del tema. Lo que necesitan los agricultores africanos es apoyo para el desarrollo y la difusión de prácticas agrícolas sostenibles y probadas para alimentar a nuestros pueblos y conquistar la soberanía alimentaria. Las voces protagónicas del debate deben ser las suyas, no las de la propaganda de las corporaciones cuyo único fin es vender más transgénicos y sustancias químicas.
Fuente: http://truth-out.org/news/item/20058-why-african-farmers-do-not-want-gmos

Creative Commons llega a la cuarta versión para proteger tanto a autores como a usuarios

Adrian Raya

omicrono.com

Cuando pensamos en los derechos de autor, normalmente nos viene a la mente “copyright”, con las limitaciones y restricciones que ello conlleva; pero desde hace unos años existe una alternativa pensada para seguir protegiendo esos derechos y al mismo tiempo permitir a cualquiera disfrutar del arte y de las creaciones de los autores. Se llama Creative Commons, y esta semana se ha anunciado la cuarta versión.
La licencia Creative Commons es ideal si te interesa aportar a la comunidad, sin perder al mismo tiempo el derecho a mostrar tu autoría entre otros. Con la versión 4.0 se añaden algunos conceptos interesantes, aunque sobre todo destacan aquellos dedicados a los gobiernos y organismos del sector público, en particular en la Unión Europea. Esto es porque se añade derechos sui generis de bases de datos, que otorga al creador de una base de datos el poder de no permitir la extracción y reutilización de datos provenientes de esta. La versión 3.0 no daba este tipo de derechos, usados sobre todo en el ámbito de la UE.
Otra novedad, tal vez mas importante para los usuarios es que se permite una ventana de 30 días para corregir posibles infracciones de los derechos. Por ejemplo, si compartimos en nuestra web una imagen con licencia CC pero no la atribuimos a su autor y este nos avisa, a partir de entonces tenemos esos 30 días para solucionarlo antes de meternos en problemas legales. Al delimitar claramente cuándo empieza el plazo (al descubrirse la infracción) se iguala el terreno de juego tanto para el autor como para el infractor. El primero sabe cuándo puede ejercer sus derechos y el segundo tiene una oportunidad de solucionarlo. Esta es una práctica común en Internet, pero siempre es bueno que esté tipificada en CC 4.0 para evitar abusos en ambas partes.
Existen otras novedades menores, como la posibilidad de que el autor pida el anonimato o una mejor redacción, que podéis consultar en la misma página de Creative Commons. En definitiva, esta cuarta versión es una puesta al día que deja en negro sobre blanco algunas prácticas que ya se daban en Internet, dando mas seguridad legal a creadores y usuarios.
Fuente: http://www.omicrono.com/2013/11/creative-commons-llega-a-la-cuarta-version-para-proteger-tanto-a-autores-como-a-usuarios/

Honduras A un click de la democracia

Milson Salgado

Rebelión

Honduras es un país en una situación democrática extremadamente gravosa. La soberanía popular es la victima de los golpes asestados por un sistema dominado por una oligarquía consolidada en sus intereses de clase. Aristóteles lo señaló muy bien, hace más de 2500 años en la antigua Grecia: La democracia es el gobierno de todos. La oligarquía es la enfermedad de la democracia pues es el gobierno de unos pocos. El primer golpe a la democracia en Honduras en el Siglo XXI, se suscitó el 28 de junio del 2009, cuando por medio de la fuerza militar expatriaron al presidente José Manuel Zelaya Rosales, y el poder legislativo, le dio por quitar y poner presidentes aun sin tener facultades legales.
El segundo golpe de la democracia, se efectuó en las elecciones del reciente 24 de noviembre del 2013, cuando el pueblo acudió masivamente a votar por la candidata Xiomara Castro de Zelaya, y obtuvo un triunfo en casi todos los departamentos del país. Sin embargo, las computadoras del Tribunal Supremo Electoral por otro lado, le regalaban el triunfo a Juan Orlando Hernández.
Es penoso ver como el Tribunal supremo electoral, de forma quirúrgica, a espaldas de la voluntad libremente expresada por el pueblo, pone y quita diputados, y maneja los hilos del poder de tal forma, que el espectro de correlación de fuerzas políticas favorezca al Partido Nacional en el poder legislativo.
Fue evidente, a Xiomara Castro la eligió el pueblo. A Juan Orlando Hernández lo eligieron las computadoras. Y para sellar la ignominia, los medios de comunicación afines a la oligarquía, empiezan a atacar a Enrique Flores Lanza, el tercer diputado más votado en el proceso interno del Partido Libertad y Refundación, expresando de forma despectiva y concitando a graves sentimientos de odio, que él está realizando maniobras oscuras para salir electo de diputado a como dé lugar.
Estos señalamientos irresponsables están muy lejos de sus pretensiones personales, y la lucha del Partido Libertad y Refundación, no solo de Enrique Flores Lanza, es que se desenmascare los mecanismos de la alteración y de la manipulación sistemática de actas y datos que responden a una línea institucional de conducta defraudatoria propia del Tribunal Supremo Electoral, cuyo Presidente es miembro militante del Partido Nacional.
Más que un grave señalamiento el manifestar que Enrique Flores Lanza pretende alterar la voluntad del pueblo, estas expresiones difamatorias buscan generar divisiones a lo interno del partido y desprestigiar la imagen de un hombre que ha sido reconocido por el pueblo. Pero también estas injurias pretenden soslayar, que es el mismo Tribunal Supremo Electoral, el que ha alterado las actas; y sus resultados computados enfatizan en la existencia de cruces de votaciones que no existieron en forma substancial, y le ha restado una superlativa cantidad de votos a Libre a través de alteración y falsificación de actas y de un sistema de inconsistencias creado por ellos para vulnerar los intereses de nuestro partido.
Resulta pues imposible, que una persona odiada por el sistema oligárquico pueda permear los mecanismos de manipulación electoral que están diseñados para el Fraude. Uno se pregunta ¿por qué tanto odio contra Enrique Flores Lanza? y se da cuenta de que él tiene que ser culpable de algo. Por eso creo, que Enrique Flores Lanza es uno de los culpables del incremento al salario Mínimo en el gobierno de Zelaya y lesionar el interés de los pobres empresarios que ni impuestos pagan. Es uno de los culpables de bajar los interese bancarios a los pobres bancos. Es el culpable de darle el seguro social a las trabajadoras domésticas. Y es uno de los culpables de quitarle el negocio de comercialización de combustibles a las pobres transnacionales ESO, TEXACO Y EXXON. Esta es la culpa del Abogado Enrique Flores Lanza y por eso se le tilda de delincuente, inventando las calumnias más burdas y elementales. Pero el pueblo sabe que son ellos los delincuentes, son ellos los están regalando el país, son ellos los que venden el territorio nacional en pedazos, son ellos los que roban a manos llenas, son ellos los que financiaron sus campañas con el dinero del pueblo y tienen a los hospitales sin medicinas, son ellos los que le suben a los impuestos, los que condenan a la miseria a millones de hermanos y son los que en resumidas cuentas, deciden las elecciones y no el humilde pueblo de Honduras.
Xiomara y el Partido Libre probará el fraude, y aunque las computadoras no admitan nuestro triunfo, los supuestos ganadores se han ganado por mérito propio el odio y la indignación del pueblo y la lisonja de los medios que se alinean con el poder de turno, pero nosotros los auténticos ganadores , los que por un dispositivo tecnológico perdimos en las computadoras, nosotros, nos hemos ganado por segunda ocasión el corazón del pueblo y el repudio de la prensa golpista que en todo momento y circunstancia defraudan la verdad histórica y desprecian al pueblo.
Los partidarios del Partido Nacional no celebran en las calles porque están conscientes que perdieron las elecciones. Los que cuidamos urnas y saltamos de alegría por nuestro triunfo hoy nos damos cuenta que ganamos en las urnas y perdimos en las computadoras. Para los que se mostraban reticentes con el fraude hoy se puede persuadir que hay una Honduras real con manos, rostros y sudores que votan en los centros de votación, pero que hay otra Honduras virtual en donde los números se apocan para el pueblo y aumentan para la oligarquía. Los que se sienten tristes, les predico ánimo, los que tienen indignación no la pierdan que va a hacer necesario muchas de sus dosis para aplacar el espíritu. Para los pocos que se sientan ufanos por el triunfo espurio espero que sepan, la derrota está a la vuelta de la esquina más ahora que los científicos descubrieron que el día dura 16 horas. La clásica formula democrática formulada por Claude Lefort: Cuando un gobierno no tiene legitimidad el derecho y las instituciones no funcionan, y la reformulación del discurso disidente abarca mucho más el espacio de indeterminación. Cuando eso sucede la represión deja de ser mínima y conduce al sistema a la dictadura.
Ahora entendemos, que la democracia en Honduras la han convertido en una computadora infectada por el virus de la oligarquía, representada actualmente por el Partido Nacional, y que solamente es preciso darle un Click de dedo para que los números del sistema se eleven y para que los votos del pueblo se esfumen en la intrascendencia de las voluntades.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.