Desde hace una
década venimos desarrollando un serio y comprometido trabajo de
investigación sobre conflictos y luchas sociales en Córdoba, y
provincias vecinas de Argentina. En esa trayectoria en el análisis de
las disputas y sus actores, hemos aprendido a reconocer con cierta
anticipación los escenarios de posibles conflictos. Esto es lo que
sucedió en el año 2011, cuando decidimos estudiar el fenómenos de las
“tomas de tierra” en la ciudad de Córdoba y localidades vecinas.
Las tomas de tierra son hechos más o menos recientes y tienen una cierta continuidad con los procesos de asentamiento de sectores populares en el espacio urbano, pero también se observan como algo bien diferenciado de aquellos. En la actualidad y como decimos en un informe (1), no existe un dato preciso sobre la cantidad de tomas, aunque trabajamos con un cálculo estimativo que informa que son más de 30 en distintos puntos del territorio provincial. Este número no contempla las tomas de tierras individuales, y/o de unas pocas familias, que es otra dinámica muy extendida en el presente.
De nuestro estudio, que involucró 7 casos (2), se desprende que la decisión de tomar tierras parte de una necesidad y una urgencia. En la mayoría de los relatos sobre la historia habitacional del grupo familiar se registra el desamparo: tienen una alta rotación habitacional, migrando de un espacio habitacional a otro, hasta que finalmente no hay otras salidas y deciden tomar tierras para habitarlas. Se trata de sectores sociales muy vulnerables que no fueron alcanzados por las políticas habitacionales provinciales más importantes de los últimos años. Estas implicaron la construcción de más de 8500 viviendas para los segmentos sociales más pobres, que en su mayoría fueron emplazados en la periferia de la ciudad de Córdoba, lo cual ha acentuado la segregación socio-espacial.
Por otro lado, es importante visibilizar las condiciones de vida en las tierras tomadas para comprender con mayor justeza que no se trata de un acto oportunista. La vida allí es extremadamente precaria, se vive en carpas improvisadas con lonas y chapa, sin agua, sin luz; con escaso acceso al transporte y a la ciudad. Pero, además, el temor al desalojo hace que sus habitantes no se atrevan a dejar sus terrenos, dificultando cualquier desplazamiento para satisfacer cuestiones tan básicas como alimentos, trabajo, etc.
Por ello afirmamos que la decisión de tomar tierras no refleja un espíritu oportunista o el funcionamiento de organizaciones antisistémicas; se trata de una necesidad, sólo así pueden pensarse y soportarse las crueles condiciones de vida que la toma implica. E insistimos en que debemos comprenderla como el resultado de un conjunto de procesos político-institucionales y económicos más amplios y de larga data, que han ido limitando el acceso a los recursos sociales y urbanos para cada vez más importantes porciones de la población.
La confluencia de esos factores configura un modelo del uso del espacio altamente privativo y excluyente. Algunos de esos determinantes son el encarecimiento de la tierra en todo el territorio provincial, pero especialmente del suelo urbano; un conjunto de programas públicos de vivienda que han agravado la segregación socio-territorial en la ciudad de Córdoba; un déficit habitacional en casi el 50% de los hogares en la Provincia, según datos censales; un aumento de la población de los asentamientos marginales en un 62% desde el 2001-2011; la primacía otorgada a los emprendimientos de desarrollo urbano de carácter privado y la obra pública dirigida a recuperar y revalorizar determinadas zonas de la ciudad; un atraso significativo en la inversión destinada a infraestructura social, cuya magnitud se manifiesta no sólo en materia habitacional, sino también en infraestructura vial, energética y de servicios, etc.
Visto así, desde su contexto y su precariedad, el fenómeno de las tomas de tierra exige ser tratado como un problema urgente y concreto, frente al cual no caben las soluciones represivas y criminalizadoras (3).
Cuestión básica para una democracia es la efectivización y plena vigencia de los derechos y un respeto extremo de los Derechos Humanos. El derecho a la vivienda está consagrado en nuestra constitución, la ausencia de decisiones oportunas y políticas en la materia nos ha llevado a esta preocupante situación social.
Una cosa es pensar en la necesidad y en las formas que la gente la resuelve, y otra cosa es que esto se criminalice. Las organizaciones sociales en Córdoba tienen, desde hace mucho tiempo, una inscripción territorial; incluso las ONGs han tenido en otras épocas una impronta considerable en relación a la tierra y vivienda. Este modo de vincularse no es nuevo, y tiene que ver con el dinamismo de la sociedad civil y de las formas de solidaridad que en ella se articulan. Una democracia fuerte hace que las organizaciones estén comprometidas con los problemas que la ciudadanía tiene, y en este sentido consideramos que el hecho que las organizaciones se vinculen a las problemáticas sociales, así como el Estado debe ocuparse de las mismas, es lo razonable y esperable en un país democrático.
Insistir en catalogar a las tomas de tierras como acciones políticas e irresponsables de parte de organizaciones interesadas en la disputa pública supone negar una necesidad concreta de la población, e implica no reconocer las responsabilidades que como administraciones y sociedad nos caben.
Cuando pensamos en una democracia sólida y reclamamos por instituciones que sean capaces de organizarla, debemos garantizar los espacios de inclusión y libertad para aquellas personas que están luchando por una sociedad más justa.
Para finalizar, sólo quisiera resaltar que construir esa sociedad más justa es tarea de todos. Trabajar en pos de ella significa para nosotros, universitarios, una acción comprometida y transformadora, tanto del conocimiento como de la realidad, atendiendo especialmente a aquellas situaciones que involucran a los más vulnerables.
Notas:
* Una versión similar de este artículo fue publicado en la Revista Noticias UCC
(1) Disponible públicamente en: http://goo.gl/YKgXM (2) Para tener una referencia, en estos casos se registra un número aproximado de 1500 familias.
(3) Nos referimos a los intentos de desalojo por la fuerza pública y las detenciones de vecinos y manifestantes en las más conocidas como la del barrio Comechingones en Cuesta Blanca y la de Piedra Blanca, en el sur de la ciudad de Córdoba.
María Alejandra Ciuffolini. Investigadora del Colectivo de Investigación El Llano en Llamas.
Las tomas de tierra son hechos más o menos recientes y tienen una cierta continuidad con los procesos de asentamiento de sectores populares en el espacio urbano, pero también se observan como algo bien diferenciado de aquellos. En la actualidad y como decimos en un informe (1), no existe un dato preciso sobre la cantidad de tomas, aunque trabajamos con un cálculo estimativo que informa que son más de 30 en distintos puntos del territorio provincial. Este número no contempla las tomas de tierras individuales, y/o de unas pocas familias, que es otra dinámica muy extendida en el presente.
De nuestro estudio, que involucró 7 casos (2), se desprende que la decisión de tomar tierras parte de una necesidad y una urgencia. En la mayoría de los relatos sobre la historia habitacional del grupo familiar se registra el desamparo: tienen una alta rotación habitacional, migrando de un espacio habitacional a otro, hasta que finalmente no hay otras salidas y deciden tomar tierras para habitarlas. Se trata de sectores sociales muy vulnerables que no fueron alcanzados por las políticas habitacionales provinciales más importantes de los últimos años. Estas implicaron la construcción de más de 8500 viviendas para los segmentos sociales más pobres, que en su mayoría fueron emplazados en la periferia de la ciudad de Córdoba, lo cual ha acentuado la segregación socio-espacial.
Por otro lado, es importante visibilizar las condiciones de vida en las tierras tomadas para comprender con mayor justeza que no se trata de un acto oportunista. La vida allí es extremadamente precaria, se vive en carpas improvisadas con lonas y chapa, sin agua, sin luz; con escaso acceso al transporte y a la ciudad. Pero, además, el temor al desalojo hace que sus habitantes no se atrevan a dejar sus terrenos, dificultando cualquier desplazamiento para satisfacer cuestiones tan básicas como alimentos, trabajo, etc.
Por ello afirmamos que la decisión de tomar tierras no refleja un espíritu oportunista o el funcionamiento de organizaciones antisistémicas; se trata de una necesidad, sólo así pueden pensarse y soportarse las crueles condiciones de vida que la toma implica. E insistimos en que debemos comprenderla como el resultado de un conjunto de procesos político-institucionales y económicos más amplios y de larga data, que han ido limitando el acceso a los recursos sociales y urbanos para cada vez más importantes porciones de la población.
La confluencia de esos factores configura un modelo del uso del espacio altamente privativo y excluyente. Algunos de esos determinantes son el encarecimiento de la tierra en todo el territorio provincial, pero especialmente del suelo urbano; un conjunto de programas públicos de vivienda que han agravado la segregación socio-territorial en la ciudad de Córdoba; un déficit habitacional en casi el 50% de los hogares en la Provincia, según datos censales; un aumento de la población de los asentamientos marginales en un 62% desde el 2001-2011; la primacía otorgada a los emprendimientos de desarrollo urbano de carácter privado y la obra pública dirigida a recuperar y revalorizar determinadas zonas de la ciudad; un atraso significativo en la inversión destinada a infraestructura social, cuya magnitud se manifiesta no sólo en materia habitacional, sino también en infraestructura vial, energética y de servicios, etc.
Visto así, desde su contexto y su precariedad, el fenómeno de las tomas de tierra exige ser tratado como un problema urgente y concreto, frente al cual no caben las soluciones represivas y criminalizadoras (3).
Cuestión básica para una democracia es la efectivización y plena vigencia de los derechos y un respeto extremo de los Derechos Humanos. El derecho a la vivienda está consagrado en nuestra constitución, la ausencia de decisiones oportunas y políticas en la materia nos ha llevado a esta preocupante situación social.
Una cosa es pensar en la necesidad y en las formas que la gente la resuelve, y otra cosa es que esto se criminalice. Las organizaciones sociales en Córdoba tienen, desde hace mucho tiempo, una inscripción territorial; incluso las ONGs han tenido en otras épocas una impronta considerable en relación a la tierra y vivienda. Este modo de vincularse no es nuevo, y tiene que ver con el dinamismo de la sociedad civil y de las formas de solidaridad que en ella se articulan. Una democracia fuerte hace que las organizaciones estén comprometidas con los problemas que la ciudadanía tiene, y en este sentido consideramos que el hecho que las organizaciones se vinculen a las problemáticas sociales, así como el Estado debe ocuparse de las mismas, es lo razonable y esperable en un país democrático.
Insistir en catalogar a las tomas de tierras como acciones políticas e irresponsables de parte de organizaciones interesadas en la disputa pública supone negar una necesidad concreta de la población, e implica no reconocer las responsabilidades que como administraciones y sociedad nos caben.
Cuando pensamos en una democracia sólida y reclamamos por instituciones que sean capaces de organizarla, debemos garantizar los espacios de inclusión y libertad para aquellas personas que están luchando por una sociedad más justa.
Para finalizar, sólo quisiera resaltar que construir esa sociedad más justa es tarea de todos. Trabajar en pos de ella significa para nosotros, universitarios, una acción comprometida y transformadora, tanto del conocimiento como de la realidad, atendiendo especialmente a aquellas situaciones que involucran a los más vulnerables.
Notas:
* Una versión similar de este artículo fue publicado en la Revista Noticias UCC
(1) Disponible públicamente en: http://goo.gl/YKgXM (2) Para tener una referencia, en estos casos se registra un número aproximado de 1500 familias.
(3) Nos referimos a los intentos de desalojo por la fuerza pública y las detenciones de vecinos y manifestantes en las más conocidas como la del barrio Comechingones en Cuesta Blanca y la de Piedra Blanca, en el sur de la ciudad de Córdoba.
María Alejandra Ciuffolini. Investigadora del Colectivo de Investigación El Llano en Llamas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
