Las condiciones
que posibilitaron 25 años de capitalismo con rostro humano en Europa
finalizaron a mediados de la década de los setenta del pasado siglo XX.
El aumento del precio del petróleo, la mejora de las condiciones
laborales y el aumento de la composición orgánica del capital, en un
entorno de apertura de las economías y competitividad creciente,
desequilibraron el modelo de acumulación keynesiano basado en la
centralidad de la demanda y el pleno empleo como motores del crecimiento
económico.
A partir de aquí, las estrategias del capital
europeo evolucionaron hacia la incorporación de nuevas tecnologías, la
descentralización y deslocalización productiva y la flexibilización del
mercado de trabajo. El creciente déficit público derivado del
estancamiento económico y el aumento del gasto estatal justificaron los
recortes en protección social y privatización de empresas y servicios
públicos. Junto a los cambios organizativos y productivos, de diferente
ritmo e intensidad en cada país, estos procesos propiciaron la
segmentación laboral y el aumento de las diferencias en el interior de
la población asalariada. La debilidad de los sindicatos es premisa y
resultado de esta dinámica.
En la economía de demanda, propia
del “capitalismo con rostro humano” de los países ricos, son funcionales
todas aquellas medidas que favorecen el círculo virtuoso entre
crecimiento económico, aumentos de productividad y de salarios en un
contexto de inflación moderada y equilibrio en las finanzas públicas. En
este modelo económico (keynesianismo) el pleno empleo es la condición
para el pleno despliegue de las fuerzas productivas y la máxima
producción de plusvalor.
La izquierda mayoritaria y la derecha
europeas se hicieron keynesianas. Keynes defendía un modelo basado en la
regulación administrativa del mercado de trabajo mediante un pacto
entre gobierno y sindicatos como garantía del respeto empresarial a
dicha regulación. Durante veinticinco años de estado de bienestar en
Europa (1950-1975), los sindicatos disciplinaban a cada empresario
interesado en que todos -menos él- pagaran buenos salarios para que la
economía prosperase y poder vender sus productos. El complemento era la
intervención del estado en la protección social garantizando, “de la
cuna a la tumba”, los derechos sociales amenazados por un mercado cada
vez más grande y libre. Keynes teoriza el funcionamiento del capitalismo
en un ciclo económico de crecimiento sostenido, aumentos de
productividad, pleno empleo, baja inflación y estabilidad
presupuestaria.
Por el contario, bajo el paradigma neoliberal
–en el que lo principal es potenciar la oferta- los sindicatos deben
disciplinar a los trabajadores para que acepten los sacrificios que
exigen la competitividad y la permanencia en el euro. Sin embargo,
keynesianismo y neoliberalismo tienen en común la subordinación de la
política y la democracia al ciclo de producción y reproducción del
capital.
Al quebrarse el círculo virtuoso de la economía de
mercado, se produce un cambio de paradigma. En la economía de oferta, el
buen funcionamiento del ciclo económico exige mejoras en la
competitividad, lo que requiere producir con menor coste que los
competidores. Quien impide que los costes salariales varíen según las
leyes del mercado, deteriora la competitividad y con ello, las
expectativas de beneficio del capital que reducirá o deslocalizará sus
inversiones destruyendo puestos de trabajo.
Hoy, la economía de
oferta en su versión neoliberal está en plena descomposición. Nociones
como democracia, ciudadanía, pluralismo político, separación de poderes,
imperio de la ley, derechos humanos y seguridad jurídica son degradados
e ignorados todos los días y en todas partes. El mundo enteramente
capitalista resplandece de una triunfal calamidad. El nuevo cambio a la
chaqueta keynesiana no va a funcionar porque han desaparecido sus
condiciones de posibilidad: a) en una economía globalizada no es posible
el keynesianismo en un solo país y b) el Estado Nación, necesario para
el dominio político de la burguesía, es incompatible con la gobernanza
de la economía capitalista mundial en la que mandan otros actores
diferentes a los estados.
Cronología de la Europa del capital
1948 : Bélgica, Holanda y Luxemburgo, crean una unión económica y aduanera (BENELUX).
1952
: Italia, Francia y la RFA forman, junto al BENELUX, una unión aduanera
para el carbón y el acero. Es la Comunidad Económica del Carbón y el
Acero (CECA).
1957 : Tratado de Roma. La CECA extiende
lo acordado para el carbón y el acero al resto de las mercancías.
Constitución de la Comunidad Económica Europea. Europa de los Seis.
1962
: El gobierno español solicita a la CEE la apertura de negociaciones
para la adhesión. La respuesta fue un frío acuse de recibo.
Posteriormente, en 1970, el estado español firmó un acuerdo preferencial
con la CEE basado en reducciones arancelarias y eliminación de algunos
contingentes en el comercio exterior.
1970 : Octubre.
El Consejo de Ministros de la CEE considera por primera vez, a propuesta
de Pierre Werner, primer ministro de Luxemburgo, el horizonte de una
moneda única en Europa en el plazo de diez años. La crisis del
capitalismo internacional, que se inicia a partir de 1973, impide el
desarrollo de este proceso.
1973 : Se amplía la CEE con el ingreso de Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. Europa de los Nueve.
1977
: Julio. El primer gobierno democrático español, presidido por Adolfo
Suárez, solicita, pocos días después de su constitución, la adhesión a
la CEE.
1979 : Se crea el Sistema Monetario Europeo
(SME) y el ECU, como unidad de cuenta, basado en una "cesta" de las
monedas comunitarias. El SME perfecciona la "serpiente monetaria" creada
en 1972 y persigue corregir los desajustes especulativos entre las
monedas, estableciendo una banda de fluctuación del 2,25% en torno al
cambio central definido respecto al ecu. La peseta ingresará en el SME
en julio de 1986.
1981 : Incorporación de Grecia. Europa de los Diez.
1986
: Adhesión de Portugal y España. Europa de los Doce. En febrero de este
año se firma el Acta Única Europea, que establece como eje central de
la construcción europea la construcción de un mercado único para el 1 de
enero de 1993. La moneda única se inscribe en este proceso como un fin
necesario para el funcionamiento de dicho mercado. La retórica sobre
cohesión social, incorpora, por un lado, los fondos estructurales para
limitar los profundos desajustes que la apertura económica va a suponer
en los países más débiles, pero por otro lado supone un mero maquillaje
frente a las exigencias de flexibilización y precarización de la mano de
obra.
1989 : Se aprueba el "Plan Delors" para la unión
económica y monetaria en tres fases. La primera fase, a partir de julio
de 1990, persigue impulsar la liberalización de los movimientos del
capital y la elaboración de las condiciones de convergencia. El
instrumento es la cooperación de los Bancos Centrales para la
coordinación de las políticas monetarias.
1992 : En el
mes de febrero se firma en Maastricht el Tratado de la Unión Europea
(TUE). Se prevé su entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993. El TUE
establece la legalidad que va a regir la construcción europea desde esta
fecha hasta la implantación total de la moneda única en julio del año
2002. Recoge y adapta dentro de él - como un tratado holding - el resto
de los acuerdos de la construcción europea desde sus comienzos.
Se fortalece el carácter monetario de la Unión Europea a costa de la
dimensión social, política, e incluso económica. Las condiciones de
convergencia buscan la estabilidad de precios (tipos de interés,
inflación y paridad de las monedas), imponiendo límites a la
intervención política del Estado en el ciclo económico (déficit público y
deuda pública)
El TUE establece la segunda fase de la Unión
Monetaria (enero 1994), estimulando la coordinación de los bancos
centrales y la creación del Instituto Monetario Europeo y también la
tercera fase que tendrá como inicio enero de 1997 o, en todo caso, enero
de 1999.
En septiembre de 1992 se produce la primera oleada de
acoso especulativo del capital transnacional a las monedas más débiles.
A este ataque se le llama "tormenta monetaria". Tras la precaria
victoria del "sí" en el referéndum francés sobre Maastricht (20.9.91) y
el "no" a Maastricht en el primer referéndum de Dinamarca (3.6.92) el
gran capital internacional pierde confianza en la viabilidad de la
moneda única y, por lo tanto, en la garantía de no devaluación de las
monedas de los países más débiles, entre ellos España. Los movimientos
especulativos son tan violentos que acaban expulsando del SME a la lira
italiana y a la libra inglesa. El Estado Español se ve obligado a
emplear el 25% de sus reservas de divisas para frenar el desplome de la
peseta, que inicia un camino de depreciación y cuatro devaluaciones,
desde una paridad de 63 pesetas/marco antes de septiembre de 1992 a 93
pesetas/marco a comienzos de 1995. El SME salta por los aires. La banda
ancha de fluctuación es cambiada del más menos 6% al más menos 15%.
1995
: El 1 de enero ingresan Austria, Finlandia y Suecia. Europa de los
Quince. En diciembre la Cumbre de Madrid decide llamar euro a la moneda
única y el escenario de la tercera fase de la unión monetaria en tres
etapas.
1997 : Julio. Tratado de Ámsterdam. La revisión
del TUE fracasa en los aspectos institucionales y de política exterior.
Sin embargo, se incorpora el Pacto de Estabilidad que prevé multas de
entre el 0,2% y el 0,5% del PIB para los países que, una vez dentro de
la moneda única, incumplan las condiciones de déficit público.
1998
: En marzo se abren negociaciones para la adhesión de Polonia, Hungría,
República Checa, Eslovenia, y Chipre. En una segunda oleada esperan la
apertura de negociaciones Rumanía, Bulgaria, Lituania, Estonia y
Eslovaquia. El 2 de mayo la Cumbre de Bruselas del Consejo europeo
(jefes de estado o gobierno, ministros de asuntos exteriores y
presidente de la Comisión Europea), aprueban las paridades irrevocables
entre las monedas (85,07 pesetas/marco y 168 pesetas/euro), a partir del
1 de enero de 1999. La Cumbre de Londres aprueba, a propuesta del
Instituto Monetario Europeo la lista de los once países que integrarán
el euro. Son todos menos Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Grecia.
La última fase de la Unión Monetaria
Hasta el 1-1-1999, criba de los países que pasan a la tercera fase.
Creación del Banco Central Europeo (BCE) y del Sistema de los Bancos
Centrales Europeos (SBCE). Inicio de la fabricación del euro.
Adaptaciones legislativas para la adopción de la moneda única.
Primera etapa
. Del 1-1-1999 al 31-12-2001 (período transitorio). Comienzo de la
tercera fase. Cambios irrevocables. (1 euro = 166,386 ptas). Euro como
moneda de pleno derecho de utilización voluntaria (no obligación, no
prohibición). Desaparece el Ecu. Comienza el funcionamiento de SBCE y
TARGET (sistema de compensación interbancaria). Nuevo mecanismo de tipos
de cambio entre euro y otras monedas de países no participantes en la
primera oleada. Principio de continuidad en los contratos
(pesetas‑euro). Deuda pública en euros.
Segunda etapa :
Desde 1-1-2002 al 30-6-2002 (período de canje). Comienza la circulación
de billetes y monedas euro. Retirada de la circulación de billetes y
monedas de cada estado. Pesetas y euros son de curso legal.
Transacciones en las dos monedas. Cambio de pesetas a euros en los
bancos.
Tercera etapa : Desde el 1-1-2002: Circulación
del euro. A partir del 1-03-2002, la peseta deja de tener curso legal.
Sólo se puedan cambiar pesetas a euros en el Banco de España (1 euro =
166,386 ptas.)
El 1 de Marzo de 2004 ingresan 10 países
(Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, R. Checa, Hungría, Chipre, Malta,
Estonia, Letonia, Lituania. (Quedan para el 2007 Rumania y Bulgaria).
Estos 10 países suman 80 millones de habitantes (el 27% del total de
UE). Tienen una renta per cápita de menos del 40% de la media de la UE y
aportan el 7% del PIB de la actual UE 15.
2005 . La
fracasada “Constitución Europea”. El NO a la Constitución Europea (C.E.)
en los referéndums de Francia y Holanda anteriores al verano de 2005,
supuso un serio revés al proceso de legitimación de la Europa del Euro. A
pesar de la victoria del SÍ, el referéndum de España del 20/II/05
mostró, en su precariedad (menos de un tercio de la población española
apoyó la C.E.), la caída de la participación popular en las sucesivas
elecciones al Parlamento Europeo. Esta tendencia expresa la ruptura
entre las verdaderas consecuencias sociales de la globalización europea y
las promesas de progreso y bienestar con las que se intenta legitimar.
En la Europa del Capital la democracia está secuestrada por los mercados
y habita, sobre todo, en los Movimientos Sociales que se enfrentan a la
dictadura de los estos.
2007 (13-12-2007). Los 27
estados miembro firman el Tratado de Lisboa que, hasta mayo de 2009, no
es ratificado por los parlamentos de 26 de los 27 estados, salvo Irlanda
que realiza un referéndum en el que la mayoría rechaza dicho tratado.
Este tratado mantiene la ficción de institucionalizar un mercado único
de 27 países muy diferentes, con una moneda única compartida por 15
países (a los doce anteriores se incorporan Eslovenia en 2007 y Chipre y
Malta en 2008), así como las equívocas promesas de pleno empleo, más
democracia, paz, seguridad, derechos humanos y protección social en un
contexto de recesión, recortes, burbuja inmobiliaria, especulación,
corrupción política creciente y participación activa en la confrontación
militar con los países desobedientes del Norte de Africa, el Sahel,
Oriente próximo y Oriente Medio.
La violencia del euro
Con el Acta Única Europea de 1986, se hizo visible la lógica dominante
en el proceso de construcción europea: la creación de un Mercado Único.
Un Mercado Único necesitaba una moneda única. Ese objetivo se consagró
con el Tratado de Maastricht de 1.992, que dibuja una unidad europea, no
política, cultural o social -ni siquiera económica- sino monetaria. Una
Europa para el Capital.
En ella, lo que se unifica es la
universalización de la forma mercancía y su fetiche, el dinero. En la
Europa del Euro las informaciones más relevantes para los políticos son
las que se expresan en términos monetarios. La institución que sobresale
en poder e independencia sobre todas las demás es el Banco Central
Europeo, que sin estar obligado por ningún poder democrático, obliga a
todos.
El euro es necesario para el buen funcionamiento del
mercado único, verdadero contenido del proyecto europeo. Las condiciones
macroeconómicas que voluntariamente se imponen los gobiernos, hacen
imposible su propia soberanía porque impiden la aplicación de las
políticas que necesitan sus ciudadanos, entre ellas, la modificación de
la paridad de la propia moneda respecto a otras.
Lo que los
gobiernos deciden, se presenta luego como un marco insuperable.
Prisioneros de la jaula de hierro que ellos mismos han creado, desisten
de medidas encaminadas a la creación de empleo, la protección social y
ambiental y la devaluación de la propia moneda para ganar competitividad
en los mercados internacionales.
La debilidad de las
instituciones comunitarias, más intergubernamentales que europeas, junto
a sus menguados recursos para limitar los efectos devastadores de la
economía especulativa, contrastan con la independencia del Banco Central
Europeo.
Sin atenerse a control político alguno -tanto de
gobiernos y parlamentos nacionales como europeos- el BCE tiene como
misión fijar la política monetaria (tipos de interés) y velar por la
estabilidad de precios que necesitan los capitales para moverse sin
distorsiones en el espacio económico del euro. Los objetivos
prioritarios de esta política monetarista son: 1) la estabilidad
monetaria a costa de lo que sea (precariedad, paro, pérdida de poder
adquisitivo) y 2) la estabilidad presupuestaria a cualquier precio
(seguro de paro, pensiones, privatización de sanidad, educación y
dependencia).
El euro unifica radicalmente el lenguaje en el
que se expresan las relaciones económicas y sociales capitalistas. Las
distintas monedas de los países europeos mantenían la capacidad de
variar sus proporciones relativas mediante depreciaciones, para
favorecer la competitividad de sus exportaciones y equilibrar distintos
índices de inflación, tipos de interés o fiscalidad.
El proceso
constituyente del capital europeo, exigía acabar con las distorsiones
producidas por las diferencias en estructura productiva, tecnología,
riqueza, recursos naturales y nivel de vida. Pero, sobre todo, acabar
con la inestabilidad de los precios incluido, en primer lugar, el precio
del dinero.
Sin embargo, unificar la moneda es unificar un
signo, pero no lo designado. Las enormes diferencias materiales entre
los estados incluidos en el euro no se disuelven sino que, como la
experiencia demuestra, se acrecientan. España, desde su ingreso en 1986,
tuvo un margen de siete años para rebajar paulatinamente las barreras
arancelarias y los contingentes a las importaciones procedentes del
resto de países de la Comunidad Europea.
Una vez implantado el
euro como moneda única en Marzo de 2001, a pesar de las grandes
diferencias entre las distintas economías de los países miembros y en un
entorno de gran apertura comercial, la única forma de ganar en
competitividad es la devaluación del precio de la fuerza de trabajo a
través de la caída de los salarios directos y el desmantelamiento o
privatización de la protección social. Para ingresar en la Unión Europea
y posteriormente en el euro, se legitimaron todos los sacrificios
económicos y sociales. Lo que no sabíamos entonces es que, veinte años
después deberíamos asumir sacrificios aún superiores para no salir del
euro.
El segundo agente económico a disciplinar por la economía
neoliberal es el Estado que maneja, a través de sus Presupuestos
Generales (P.G.E.), el 40% de la riqueza producida en un año (Producto
Interior Bruto-PIB). A partir de 1992, el Tratado de Maastricht, limitó
la capacidad estatal para intervenir en el ciclo económico al establecer
que el déficit público (diferencia entre sus gastos y sus ingresos), no
podía superar el 3% del P.I.B. y que la deuda pública (suma de los
déficit históricos), no podía exceder del 60% del P.I.B.
Cuando
se entrega el protagonismo económico al beneficio de las empresas, en
lugar de a los derechos humanos y a la conservación de la vida,
financiar el déficit mediante impuestos progresivos y luchar contra el
fraude fiscal, no es “políticamente” posible porque ahuyenta a los
inversores. Por tanto, la única vía para reducir el déficit del estado
es reducir los gastos, aunque eso suponga abandonar a su suerte a
parad@s, precari@s y jubilad@s.
El Tratado de Ámsterdam de 1997
incorporó, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el compromiso de
estabilidad presupuestaria - independientemente de las necesidades que
tuviera cada país - bajo la amenaza de multas a los países que
incumplieran dicha norma. Este tratado fracasó en los intentos de
modificación de la arquitectura política europea de cara a una
ampliación de países miembros y dio una vuelta de tuerca a la
subordinación de la sociedad respecto a la estabilidad monetaria y al
protagonismo del beneficio empresarial.
El Pacto de Estabilidad
establece que los países con déficit público superior al 3% del PIB,
pagarían una multa del 0’2% de su P.I.B. Por cada punto porcentual que
el déficit excediera del 3%, la multa se incrementaría en una décima
(0’1% sobre el PIB) hasta el límite del 0’5%. Estas cantidades serían
detraídas de los fondos de cohesión y los fondos estructurales que
recibe el país infractor para permanecer en una cuenta del BCE sin
remuneración durante dos años. Si, al finalizar este plazo, el país
infractor persiste en su incumplimiento, la cantidad retenida pasa a
propiedad del BCE para ser repartida entre los países cumplidores de la
estabilidad presupuestaria.
Los países más débiles, necesitados
de más recursos públicos para superar sus deficiencias, son castigados
con sanciones económicas que les hacen aún más débiles. Lo que les pasa a
Grecia, Portugal e Irlanda desde 2011 estaba escrito en los Acuerdos de
la Unión Europea desde hace veinte años. Para que no nos pasara a
nosotros, el gobierno Español ratificó la entrega ilegal de nuestra
soberanía al gran capital europeo mediante la modificación del art. 135
de la Constitución en Noviembre de 2011. Esta modificación subordina las
políticas económicas para resolver problemas como el empleo, la
vivienda o la salud, a la satisfacción de los intereses de la deuda
pública española frente a los acreedores extranjeros.
Europa del euro y democracia
La involución del Estado como mecanismo de redistribución de la renta y
protección social es de tal intensidad que, los ministros del ECOFIN
(Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) han
establecido en 2012 el objetivo de Déficit cero radicalizando el Tratado
de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam. En este horizonte, inscribe el
Gobierno Español sus planes de Estabilidad y reforma fiscal: A) Rebajar
impuestos directos para atraer inversiones extranjeras, que circule el
dinero y se activen los negocios aunque el Estado no disponga de
recursos para atenuar las desigualdades que origina el mercado. B)
Descargar al Estado del esfuerzo financiero para garantizar las
pensiones, la sanidad y la educación, en la inteligencia de que el
interés privado protegerá mejor estos derechos constitucionales. C)
Prohibir por la máxima ley la financiación de la inversión pública
mediante endeudamiento de las administraciones (modificación del art.
135 de la C.E.). D) Precarizar y despojar de derechos al trabajo
asalariado para hacerle transparente a las leyes de la oferta y la
demanda. E) Poner la protección de la economía nacional y l@s ciudadan@s
en un rango inferior a la protección de los inversores de capital. F)
Desconocer los derechos humanos y las garantías jurídicas de l@s
ciudadan@s y trabajador@s que dificulten el correcto funcionamiento de
la mercancía fuerza de trabajo. G) Condicionar los subsidios y
prestaciones por desempleo a la disponibilidad plena del trabajador/a
ante los contratos basura. H) Flexibilizar el contrato a tiempo parcial
como camino de ingreso al mercado de trabajo.
¿Cómo es posible
que esta “construcción europea”, que vulnera los derechos políticos y
sociales de la mayoría, sea apoyada por todo el arco parlamentario?
Los programas electorales de la izquierda, cuando proclama, desde la
oposición, que “otra política económica es posible”, contrastan con su
apoyo al proceso de unidad monetaria europea y a las políticas de
flexibilización, recortes sociales y privatización, cuando está en el
gobierno. En los períodos de depresión económica, bajo gobiernos
socialdemócratas, se ha generado el estado de necesidad y la indefensión
jurídica que explican por qué millones de trabajador@s aceptan
“libremente” condiciones laborales por debajo de leyes y convenios
colectivos y cláusulas abusivas en la hipoteca de sus viviendas. El
consentimiento por parte de la izquierda mayoritaria en el fraude de ley
de millones de contratos laborales eventuales para tareas fijas, en la
violación sistemática de los derechos de los sectores precarizados y en
cientos de miles de contratos hipotecarios ilegales, son condición
necesaria para estos abusos injustos e ilegales.
Las reformas
laborales, impulsadas desde los gobiernos y aceptadas por los grandes
sindicatos han ido convirtiendo en legales los abusos ilegales que ya
eran moneda corriente. Estas políticas, contrarias a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales consagrados en la Constitución y en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, son incompatibles
con la democracia.
La crisis de la izquierda
No
se puede hablar de “Estado de Bienestar” sin tener en cuenta las
condiciones políticas, económicas y geoestratégicas en las que surgió.
En Europa, el capitalismo con rostro humano duró veinticinco años por
las oportunidades de reconstrucción económica que se dieron en la
postguerra mundial, pero también por el poder constituyente de las
revoluciones obreras europeas y el triunfo de una de ellas en la Unión
Soviética, dando paso a un bienestar social garantizado por la
planificación económica y no por el mercado.
La construcción
política e ideológica de la clase obrera por parte de la izquierda
europea consistió en la emulación de los valores de la burguesía:
individualismo, mercado, propiedad privada, competencia, consumismo,
derroche y descompromiso político, incluyendo las ventajas de la
dominación sobre los países colonizados por las potencias europeas. Este
proceso explica por qué, hoy, la fuerza política, social y moral de la
izquierda depende del consentimiento de los poderes fácticos.
A
pesar de numerosas luchas locales y sectoriales, a lo largo de los años
80 y 90 del siglo XX se impuso la nueva política económica basada en
precarizar, privatizar, desregular, externalizar y deslocalizar. Con
ella, se impone la teoría que la teoriza: el neoliberalismo, ahora
aplicado - tal como sucedió con el keynesianismo - por los gobiernos de
derechas y de izquierdas. El prefijo
neo, rompe con la promesa
liberal keynesiana de bienestar desde el crecimiento económico
capitalista y convierte dicho crecimiento en un fin autorreferente, cada
vez más emancipado del empleo, la economía real, la naturaleza y la
democracia. La aparición de potencias regionales emergentes - algunas
con vocación de potencia mundial -en un contexto de crisis económica
global, nos marca el camino de EEUU que, al dictado de su complejo
industrial – militar – financiero, aplica un keynesianismo militarista y
agresor de los pueblos, estimulando su propia economía con enormes
gastos en tecnología, ejércitos y armamento para agresiones y guerras.
Para el extremismo neoliberal, la globalización económica y la moneda
única son buenas, no porque integren a toda la población, sino porque
expresan la máxima eficiencia económica, identificada con el máximo
beneficio del capital, la naturaleza humana egoísta y la democracia.
Para este pensamiento fanático las crisis sólo significan que la
sociedad no se ha puesto totalmente de rodillas ante las leyes naturales
de la economía de mercado. De aquí se deriva que, para superar las
crisis, hay que aumentar la fuerza de las políticas que la producen y la
sumisión de sus víctimas. El dogma neoliberal presenta las mareas
sociales contra la desigualdad, la pobreza, el hambre, el machismo y la
violencia como irracionales y antidemocráticas.
La Comisión
Europea aclaró hace veinte años el porvenir del sindicalismo en el euro:
“La Unión Monetaria comporta un cambio global en el que los
requerimientos macroeconómicos se dirigen, clara y creíblemente, hacia
la estabilidad de la nueva moneda. Este nuevo marco macroeconómico
afectará a la forma en que se establecen en el mercado laboral los
salarios y las condiciones de empleo. En la Unión Monetaria, al darse
cuenta los sindicatos y empleadores de que ya no existe la posibilidad
de devaluar monedas nacionales, los acuerdos de salarios variarán
acordemente. Por lo tanto, en la hipótesis de unos sindicatos racionales
completamente adaptables, se puede esperar la aparición de una conducta
sobre salarios compatible con el empleo”.
Esto significa:
Primero,
la convergencia no es económica sino monetaria. No convergen salarios
ni condiciones de vida y trabajo sino inflación, tipos de interés,
déficit público y deuda pública.
Segundo, lo racional es plegarse
a esto. Pretender que la gente tenga casa y condiciones de vida y
trabajo dignas, es una quimera antieconómica y antidemocrática.
Tercero,
si aceptamos la moneda única, aceptamos el control de la inflación,
luego no se pueden mejorar las rentas salariales y sociales.
Cuarto,
si aceptamos la moneda única, aceptamos la contención del déficit
público, luego los parados no pueden cobrar un subsidio incondicional,
ni los jubilados mantener sus pensiones. Partiendo de aquí, el
sindicalismo que luche por mejorar las condiciones de la gente, sin más,
será culpable de la pérdida de competitividad y, por lo tanto, del
paro. Los gastos en desempleo causarán el aumento del déficit público,
la inestabilidad monetaria y la subida de los tipos de interés de la
deuda pública con lo cual, se frenarán las inversiones y aumentarán los
despidos. Para la ideología del euro, la culpa del paro la tienen los
sindicalistas.
Con la reforma laboral de 1997 y las reformas
posteriores (suscritas por los grandes sindicatos) del Pacto de Toledo
sobre Pensiones de 1995, el gobierno demostró que el abaratamiento del
despido y el recorte de las pensiones fomentan el crecimiento económico,
la creación de empleo –aunque sea precario- y la estabilidad de
precios. Al suscribir el Acuerdo Interconfederal en Defensa del Empleo
de Mayo de 1997 y la Reforma de las Pensiones de 2011, los sindicatos
firmantes legitimaron ese razonamiento. Desde entonces, los gobiernos
tienen autoridad para avanzar sin los sindicatos. En un entorno de
crisis económica, mantener el crecimiento, los beneficios y el empleo,
exige mejoras en la productividad mediante la devaluación del precio de
la fuerza de trabajo a través del paro, la precariedad y la sumisión
sindical. La izquierda mayoritaria participa de este mecanismo para
descargar las inestabilidades del mercado sobre la gente trabajadora.
La izquierda mayoritaria se sustenta en algunas nociones que es
necesario revisar. Desde el horizonte político de la moneda única, la
competitividad y la globalización, es imposible hacer nada más que
gestionar la degradación de los derechos y libertades de las mayorías
sociales. No impugnar la lógica del capital (globalización, euro,
competitividad) sirve para legitimarse frente al poder económico, el
Estado y una opinión pública conservadora y desmoralizada, pero también
sirve para ser cada vez más dependiente de los recursos estatales y más
ajenos, a la organización del conflicto social. Cuando el capital se
constituye en el verdadero sujeto de las democracias de mercado y la
izquierda hace como si no lo viera, es natural que, los individuos
compitan entre sí en una ciega carrera hacia los puestos de trabajo
escasos, propiedad privada de los empresarios.
Al llegar la
crisis, el verdadero activo de la izquierda mayoritaria era su
integración en la lógica del capital a través del consumismo irracional
de masas, la democracia delegada y el bienestar del Estado. Cuando, a
manos de la propia socialdemocracia, desaparecen las condiciones
económicas y políticas que posibilitaban el pacto social la población,
integrada en el modo de producción y consumo capitalista, carece de
conciencia para ni siquiera desear una vida diferente a la producción y
el consumo de mercancías. L
a mayoría de la clase
obrera, pastoreada electoral y sindicalmente por la izquierda
social-demócrata, confunde trabajo con empleo, consumo con despilfarro y
bienestar con posesión. Se mofa de la austeridad y considera arcaicos a
los campesinos. Desconsidera la esquilmación de los países empobrecidos
y la contaminación del aire, el agua y la tierra producto de sus
propias formas de vida y trabajo.
Con la crisis, se disuelven
el empleo y el consumo como modo de pertenencia social para millones de
personas. Estos daños carecen de una explicación solvente en el
imaginario popular y se presentan como “naturales” e inevitables. Por
eso los banqueros y políticos culpables, se postulan como la solución.
Sin la identificación del enemigo, las necesidades de la población no se
pueden expresar mediante políticas de izquierda transformadora, lo que
genera desconfianza, individualismo y lucha entre los de abajo. Mientras
tanto, los poderes fácticos se preparan para la guerra contra el
enemigo exterior e interior.
Desde dentro de este guión, la
impotencia de la izquierda capitalista, en perpetua retroalimentación
con su alejamiento del poder popular y su fascinación culpable por el
poder –y el dinero– del Estado, solo puede sostenerse mediante
adaptaciones sucesivas –siempre insuficientes- a los desastres de la
competitividad y la economía financiera promovidas por las políticas
monetarias del Banco Central Europeo, piedra filosofal de la Europa del
Euro.
La monarquia neofranquista y el euro
La
instauración de la monarquía en 1975 permitió que la clase política y
empresarial del franquismo ocuparan el aparato del estado y las
organizaciones de la gran patronal, volviéndose formalmente
democráticas. El tributo de la izquierda para aplacar a los militares
golpistas e incluirse en el aparato del estado del nuevo régimen fue la
cancelación del movimiento popular y el enfrentamiento con cualquier
movimiento constituyente.
La monarquía española representante
de los poderes fácticos procedentes de la dictadura se empleó a fondo en
su incorporación a la Europa del Capital y a la OTAN, donde esperaba
obtener -y ha obtenido- enormes beneficios. Veintisiete años después de
la inclusión formal de España en la OTAN (1981) y en la Comunidad
Europea (1986), el precio pagado es patente en términos de precariedad,
involución democrática, corrupción política, contaminación, especulación
y riesgo de vernos envueltos en las guerras imperialistas contra los
pueblos en lucha o los estados desobedientes.
Las decisiones
políticas que favorecen la seguridad para la inversión del capital se
presentan como un límite infranqueable para las políticas económicas y
sociales. En los períodos de crecimiento económico, los nuevos
contingentes laborales entran en el mercado de trabajo bajo condiciones
ya precarizadas constantemente presionadas a la baja, en franco desafío a
las promesas de libertad, igualdad, justicia y “estado social y
democrático de derecho” que encabezan el artículo 1º de la Constitución.
Ahora, la precariedad avanza incluso en los sectores más sindicalizados
y regulados. La burocracia sindical consiente la represión de quienes
ejercitan, desde abajo, los derechos fundamentales de negociación
colectiva, expresión, reunión o sindicación. Al mirar la izquierda hacia
otro lado, conviviendo pacíficamente con la insurrección de las
patronales, se naturaliza la inseguridad y se facilita la profundización
de las diferencias entre estables y precarios lo que, a su vez,
justifica la igualación “democrática” de todos por abajo.
El
orden monetario implica el desorden social, ecológico y alimentario. El
desorden y la inseguridad para millones de ciudadanos son el precio de
un orden monetario a la medida de especuladores y políticos, que se
llaman a sí mismos “los demócratas”. La izquierda, para hacerse
respetable, interioriza este orden al considerar que el cumplimiento de
los derechos de los trabajadores, las mujeres y los ciudadanos, debe
incorporar, necesariamente, el aumento de los beneficios del capital.
Cuando se estanca la economía, no se puede pedir justicia porque hay que
salir de la crisis y cuando hay prosperidad, no se puede pedir igualdad
porque se pone en peligro la continuidad del ciclo expansivo.
El orden capitalista de la dictadura (1939 – 1975) no se podría
cuestionar porque lo impedían la Brigada Político Social y el Tribunal
de Orden Público. Paradójicamente, el orden capitalista de la monarquía
parlamentaria (1975 – 2013) tampoco, por el consenso del bipartidismo en
torno a la Europa del Euro, el consumismo y la OTAN.
Por un pacto democrático y social de las mayorías contra especuladores, corruptos y guerreros.
Se desvanece el capitalismo con rostro humano en los países ricos de
Europa. En Noviembre de 2011, la pinza PSOE-PP modificó el artículo 135
de la C.E. para impedir cualquier ley o decisión administrativa que
pudiera interferir con los intereses de los grandes grupos económicos.
En nombre del euro, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario
Internacional y la Comisión Europea (la Troika) imponen a los gobiernos
el recorte de salarios y la mercantilización de los derechos sociales.
Pero estas políticas antipopulares no son capaces de reactivar la
economía ni frenar el crecimiento del paro, la desigualdad y la
exclusión. El reformismo keynesiano de la izquierda mayoritaria ha
resultado ser una efímera excepción, hoy impotente ante la economía
competitiva y globalizada.
La creación de plusvalor para el
capital es cada día más autónoma del trabajo. Hay más inversiones en
especulación, simulación, adoctrinamiento y represión que en producir
los bienes y servicios básicos que aseguren el empleo, la dignidad y la
seguridad de la gente. El desorden económico, energético y ecológico
produce grandes migraciones y confrontaciones armadas. En España, los
sucesivos gobiernos de derechas y de izquierdas profundizan su
compromiso con la OTAN y mantienen, cada vez más activas las bases
militares de los Estados Unidos en nuestro territorio implicando a
nuestro país en agresiones – legales e ilegales - contra los pueblos en
lucha y los estados desobedientes. Por eso, la confianza popular en los
políticos y las instituciones "de mercado" está en caída libre y, las
mareas de descontento contienen una creciente desafección respecto a la
política, los partidos y sindicatos de mercado.
El bipartidismo
que, en España, secuestra el pluralismo político y sostiene una
monarquía en descomposición y un nacionalismo español disfrazado de
Estado de las Autonomías, se desmorona electoralmente. Para evitarlo,
prepara un Gran Acuerdo Político y Social inspirado en los Pactos de la
Moncloa de 1977 cuyo saldo, treinta y seis años después, no puede ser
más demoledor: desmovilización social, desembarco del franquismo en la
joven democracia, especulación, corrupción política, aumento de las
diferencias y desmoralización ciudadana.
Hoy, nuevas formas de
participación abren la posibilidad de evitar las catástrofes de la
Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, cambiando algo más que
el partido en el gobierno. Pero conviene no olvidar que la sustancia de
la democracia es la autodeterminación popular y que el único pacto útil
para el pueblo es la cooperación para superar los estertores de la
economía de mercado y su monarquía mediante un proceso constituyente por
el trabajo digno, la economía social y sostenible, la seguridad y la
soberanía alimentaria, la participación política y la igualdad social
entre hombres y mujeres.
CONTRA LOS RECORTES.
POR LA DEMOCRACIA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS SOCIALES.
NO AL GOLPE DE ESTADO FINANCIERO. NO DEBEMOS, NO PAGAMOS.
CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL, LA GLOBALIZACION Y LA GUERRA.
CAES (Centro Asesoría y Estudios Sociales) C/ Atocha 91-2º 28012 MADRID Tlf-4.29.11.19 Fax- 4.30.43.02 e-mail
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